La Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans plantea reconocer y garantizar el acceso a derechos de salud, educación, trabajo, seguridad y vivienda para este sector de la comunidad LGBTIQ+ en México.
La iniciativa, a cargo de la diputada federal, María Clemente García Moreno contempla, entre otras cosas, la erradicación de la discriminación en el empleo, el acceso a vivienda gratuita y seguridad social.
La legisladora acudió este 23 de enero a Hidalgo para impulsar la propuesta en el Congreso del Estado. Esto, debido a que los Poderes Legislativos de las entidades tendrían que avalar la ley en caso de que la aprueba la Cámara de Diputados.
Durante su presentación, la legisladora comentó que Hidalgo es la primera entidad de México en recibir el foro de la Ley de Personas Trans. Explicó que es debido al reconocimiento y respaldo que brindan las autoridades en temas relacionados a la identidad de género.
La diputada reconoció la labor del Ejecutivo y Legislativo estatal al aprobar el registro de personas no binarias. También por el aval al matrimonio igualitario y la creación del reglamento en favor de la comunidad LGBTIQ+ en el municipio de Pachuca.
María Clemente García señaló que la llamada Ley de Personas Trans busca garantizar ocho derechos fundamentales para este grupo en México.
Estos son: el derecho a la no discriminación, a la identidad de género auto percibida y el derecho a la educación. También el derecho a la cultura, trato digno, a la vivienda decorosa, a la salud integral, trabajo igualitario y a la justicia.
Cabe recordar que la diputada federal de la bancada de Morena presentó ante la Cámara de Diputado la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans el pasado 23 de noviembre de 2023.
Beneficios de la ley para la comunidad trans
La Ley de Personas Trans también obliga a que autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a cualquier institución pública, integren a las personas transexuales para su representación y participación en la toma de decisiones.
Además, el artículo 10 establece que las personas trans deben estar registradas como tal ante el registro civil para acceder a políticas públicas con perspectiva de género.
En el tema educativo, la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación en las escuelas, planteles, centros educativos o por parte del personal docente, técnico, manual, administrativo o directivo del Sistema Educativo Nacional.
Señala que la educación que reciban las personas trans deberá ser obligatoria, universal, pública, inclusiva, gratuita, laica y sin exclusión ni prejuicios.
También obliga al estado a generar medidas de inclusión y políticas públicas en todos los niveles educativos. Esto para que las personas trans puedan vestir de la manera que corresponda con su identidad y expresión de género.
A su vez, la Secretaría de Educación Pública (SEP) integraría contenidos en materia de diversidad sexo-genérica a los libros de texto gratuitos, entre otros temas.
Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargaría de instrumentar un Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas trans. Esto a través de convenios con los sectores público, social y privado.
Comprende capacitación, creación de agencias de inclusión laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional y becas”.
El artículo 32 fija que en los trabajos estará prohibida cualquier tipo de discriminación en el proceso de contratación. También, en la capacitación, liquidación y remuneración, entre otros.
En materia de vivienda, la iniciativa contempla garantizar el acceso sin discriminación de las personas trans a la vivienda digna y decorosa. Pare ello, el estado deberá de fomentar esquemas financieros para el acceso de las personas trans a programas, acciones o estímulos de vivienda a través de créditos, ahorros, apoyos y subsidios.
Otros derechos
En materia de identidad, la ley establece que las personas trans tendrán garantizado su derecho al reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida. Comenzando por el acta de nacimiento, a través del cambio, corrección o rectificación de su nombre, su sexo o género.
El Capítulo VII menciona que la Secretaría de Salud implementará programas a favor de la comunidad transexual. Esto aplicaría en hospitales, clínicas y centros de salud.
En este sentido, establece la obligación del estado a promover la afiliación voluntaria y gratuita de las personas trans a la seguridad social. También su derecho a acceder a tratamientos hormonales, cirugías plásticas, cirugía de reafirmación de género, cirugías reconstructivas y procedimientos de rehabilitación para que su genitalidad sea concordante con su identidad de género.
Igualmente, las fiscalías o procuradurías de los estados serían capacitados en atender los procesos penales contra la comunidad transexual. En este sentido, plantea la existencia de defensores públicos especializados en asuntos de personas trans, así como la creación de fiscalías especializadas para la atención de casos de odio.
La ley propone que las personas trans que enfrenten un delito podrán ser recluidas en centros penitenciarios que correspondan a su identidad de género.
Finalmente, la propuesta fija el uso de un lenguaje en documentos oficiales que respete la identidad de la persona en cuestión.
Sin embargo, la Ley de Personas Trans apenas está en discusión en el Poder Legislativo y, en caso de aprobarse, pasaría al Senado de México. Después, debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales para que entre en vigor.
Proponen reforma penal para tipificar el delito de transfeminicidio en Hidalgo
El noviembre pasado, la diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Godínez Hernández, presentó una reforma para tipificar el delito de transfeminicidio en Hidalgo
La modificación al Capítulo I Ter y al artículo 139 del Código Penal busca sancionar a quienes, “por razón de género”, atenten contra la vida de una persona identificada como mujer.
Gabriela Godínez explicó que los criterios para considerarse como transfeminicidio serían los mismos que se aplican en un feminicidio.
Esto es que la víctima presente signos de cualquier tipo de violencia o que su cuerpo esté expuesto en lugares públicos, entre otros criterios.
Las sanciones serían de 35 a 70 años de prisión, al igual que una multa de 500 a mil días de salario. Asimismo, el transfeminicida perderá cualquier derecho que haya adquirido con la víctima.
En cambio, el funcionario que imposibilite el proceso penal tendrá una pena de tres a ocho años de prisión. A su vez, sería inhabilitado de tres a diez años para ejercer otro cargo público. Sin embargo, esta reforma todavía está en análisis dentro del Congreso de Hidalgo.
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