Desde el Congreso del Estado se propuso aumentar hasta ocho años de cárcel la pena contra las y los servidores públicos de Hidalgo que impidan u obstruyan procesos legales o investigaciones.
La iniciativa la propuso el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fortunato González Islas el pasado miércoles 6 de diciembre en sesión ordinaria.
La iniciativa reforma el articulo 322 del Código Penal del Estado de Hidalgo, el cual actualmente establece una pena de tres a cinco años de prisión contra los servidores públicos que atenten contra el acceso a la justicia. También contempla una multa de hasta 10 mil 374 pesos.
En cambio, la propuesta de Fortunato González busca que la pena máxima sea de ocho años de cárcel. También, que la multa sea de hasta 20 mil 748 pesos.
La sanción aplica contra todos aquellos servidores públicos que incurran en 33 conductas que, actualmente, están catalogadas por el Código Penal de Hidalgo como tipos de obstrucción de la justicia
¿Qué conductas de los servidores públicos en Hidalgo son calificadas como obstrucción de la justicia?
Actualmente hay 33 conductas por las cuales el servidor público puede ser castigado si obstruye el acceso a la justicia en Hidalgo.
Destacan algunas como que el funcionario no deberá tener conocimiento de negocios en los que esté involucrada la persona afectada, en tanto no sea parte de sus facultades. También, si evita tener conocimiento de ellos cuando su responsabilidad requiera estar informado.
Del mismo modo, cuando jueces o juezas emitan sentencia alguna sin tener facultades para hacerlo. Caso contrario, cuando la autoridad judicial evita emitir una resolución cuando sea su responsabilidad. Esto aplica también en sentencia definitivas, interlocutorias o de resolución de trámites.
Por otro lado, también castiga a los servidores públicos de Hidalgo que dicten una orden de aprehensión sin previa denuncia o que “no amerite pena privativa de libertad”.
Asimismo, sancionan a quien incomunique a una persona para obligarla a declarar cuando se encuentra detenida.
Igualmente, el Código Penal establece una sanción contra jueces que prolonguen el tiempo de la prisión preventiva para retrasar una vinculación a proceso.
Además, castiga a las y los servidores públicos de Hidalgo que provoquen la pérdida parcial o total de algún documento relevante para la atención de algún caso legal.
La Mesa Directiva del Congreso turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
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