La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, está en el ojo del huracán. La semana pasada se difundieron audios en los que acepta negociar con intermediarios del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para recuperar su visa y volver a viajar a Estados Unidos.
La mandataria confirmó la autenticidad de las grabaciones, pero aseguró que la conversación fue planteada por el exgobernador Jaime Bonilla, a quien responsabilizó del escándalo político y mediático. Según la gobernadora emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la conversación con los supuestos intermediarios del FBI fue sacada de contexto.
Sin embargo, en los audios manifiesta su disposición a entregar información confidencial de las reuniones del gabinete de Seguridad, considerada incluso como secreto de Estado, a cambio de obtener el perdón de las autoridades estadounidenses.
Marina del Pilar sostuvo que todo formó parte de una emboscada política organizada por Bonilla, su principal adversario en la entidad. No obstante, su argumento de haber caído en una trampa tampoco la favorece. Quien encabeza el Poder Ejecutivo de un estado debe actuar con prudencia, experiencia y pleno conocimiento de las implicaciones de cada decisión.
La explicación de la gobernadora tampoco puede minimizar la gravedad del caso. Debió valorar los riesgos de sostener una conversación de esa naturaleza, consciente de que podía hacerse pública en cualquier momento.
La obsesión por la Visa
La gobernadora morenista sustituyó el proyecto de gobierno de Baja California por su supervivencia política. Con sus declaraciones dejó la impresión de que recuperar la visa se convirtió en una prioridad superior a los problemas que enfrenta la entidad.
Marina del Pilar tampoco puede ignorar la dimensión del daño. Su credibilidad, ya cuestionada, se deterioró aún más después de que, en mayo de 2025, se convirtió en la primera gobernadora en funciones a la que Estados Unidos revocó la visa por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. La filtración de los audios abrió un nuevo frente político para Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum, fiel al respaldo que ha caracterizado a la llamada Cuarta Transformación, decidió cerrar filas con la gobernadora. Lo hizo después de la confrontación política y diplomática que sostuvo el gobierno mexicano con el exembajador estadounidense Ken Salazar, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa (CDS), ocurrida el 25 de julio de 2024.
Marina del Pilar ha provocado una crisis de gobernabilidad en Baja California. La percepción sobre su desempeño ya resulta tan cuestionada como la que enfrentó Rubén Rocha Moya durante la crisis de seguridad en Sinaloa.
Para evitar recorrer el mismo camino, Marina del Pilar pareció dispuesta a ofrecer todas las facilidades para convertirse en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses a cambio de frenar cualquier investigación en su contra. El costo político de esa decisión podría ser la pérdida del control de la gubernatura.
Los legisladores de oposición en el Congreso local ya exigieron su renuncia.Además, iniciaron los procedimientos para promover un juicio de procedencia contra la mandataria, señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado desde su relación con Carlos Torres, investigado por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Un ascenso meteórico y polémico
Marina del Pilar construyó una carrera política inusualmente rápida. Se afilió a Morena en 2015 y ese mismo año contendió por una diputación local, aunque perdió la elección. Tres años después ganó una diputación federal por Mexicali. Sin embargo, permaneció apenas seis meses en San Lázaro.
En 2019 dejó el cargo para competir por la alcaldía de Mexicali, elección que ganó, aunque tampoco concluyó su administración municipal. En 2021 decidió buscar la gubernatura de Baja California.
Mientras Jaime Bonilla impulsaba una reforma para ampliar su permanencia en el cargo, Marina del Pilar se opuso públicamente a esa iniciativa. Esa postura le permitió ganar las encuestas internas de Morena y convertirse en candidata al gobierno estatal.
La confrontación marcó el rompimiento definitivo entre ambos. Bonilla interpretó esa decisión como una traición y desde entonces mantiene una disputa política con la hoy gobernadora. El exmandatario aseguró en distintas ocasiones que el ascenso político de Marina del Pilar respondía al respaldo del crimen organizado.
Al concluir su administración también afirmó que la nueva gobernadora mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Marina del Pilar respondió con acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras durante el gobierno de Bonilla.
Sin embargo, la polémica continuó. En 2022 apareció fotografiada con Emmanuel Everardo Serrano Salazar, alias El Botas, identificado como presunto líder criminal en Baja California. La gobernadora aseguró entonces que desconocía la identidad del hombre con quien aparecía en la imagen.
*
En 2024 enfrentó nuevas críticas después del despido del conductor Gustavo Macalpin, quien había realizado una sátira sobre Carlos Torres. Diversos sectores interpretaron esa decisión como un acto de censura.
El episodio más delicado llegó en mayo de 2025, cuando el gobierno estadounidense revocó su visa en medio de investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos de su entonces pareja con el narcotráfico.
Ahora, la filtración de los audios reavivó la crisis. Las grabaciones exhiben dos aspectos especialmente delicados: su disposición a compartir información sensible con autoridades estadounidenses a cambio de beneficios personales y la imagen de una gobernadora que admite haber caído en la supuesta trampa de su principal adversario político.
Las tensiones políticas en Baja California seguirán creciendo. El próximo año habrá elecciones y el Partido del Trabajo (PT) ya anunció que competirá sin Morena. Mientras tanto, el partido gobernante enfrenta un nuevo problema de credibilidad por el desgaste político de la mandataria.
La lista de gobernadores bajo la atención de Washington también continúa ampliándose. Los mensajes enviados por las autoridades estadounidenses apuntan a la posible investigación de funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado.
No resulta casual que la mayoría de los nombres difundidos por la prensa estadounidense pertenezcan a Morena. Rubén Rocha Moya continúa como el principal objetivo político.
No obstante, también han trascendido investigaciones sobre Marina del Pilar, Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Hasta ahora, esos señalamientos mantienen un perfil menos visible porque Washington concentra su atención en los casos que considera prioritarios.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico