Integrantes del Grupo Plural Independiente (GPI) presentaron una propuesta en el Congreso de Hidalgo para incrementar las penas de carcel por el delito de sumisión química, como se le conoce al hecho de suministrar alguna droga para sedar a una persona y abusar sexualmente de ella.
En sesión del pleno de este martes 19 de marzo, los legisladores plantearon modificar distintos artículos del Código Penal del Estado. Esto con la intención de incrementar las sanciones por dicho delito
Actualmente, el artículo 183 plantea una pena de dos a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual cometido contra una persona mayor de edad.
La reforma propone que dicha sanción suba en dos terceras partes cuando exista sumisión química contra la víctima. Con ello, la pena sería de tres años y tres meses, a seis años y seis meses de prisión.
De igual forma, la iniciativa propone subir la pena hasta en una mitad cuando quienes cometan el delito de violación a la intimidad sexual o graben y difundan material íntimo de una persona sin consentimiento, lo hagan cuando la víctima este drogada.
Hasta el momento, la sanción por dichas conductas es de tres a seis años de prisión. Con la reforma, la pena sería de cuatro años y medio a nueve de cárcel.
La propuesta del GPI para aumentar las penas por abuso sexual a una persona que haya sido drogada en Hidalgo se turnó a la Primera Comisión Ciudadana de Justicia para su análisis.
Aprueban informar sobre deudores alimentarios como requisito para casarse en Hidalgo
Cabe recordar que el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó por unanimidad una iniciativa para que el Registro Familiar informe a las parejas que deseen contraer matrimonio en Hidalgo si alguna de las partes es deudor alimentario.
La propuesta, presentada por la diputada Michelle Calderón Ramírez del GPI, busca promover relaciones saludables y proporcionar transparencia en las obligaciones financieras antes del matrimonio.
La medida, aprobada en sesión ordinaria del 12 de marzo, reforma el artículo 12 de la Ley para la Familia del Estado.
Con ello, el oficial del Registro Familiar deberá informar a los contrayentes si alguno está inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sin embargo, este aviso es únicamente con carácter informativo, ya que no se le impedirá al deudor alimentario contraer matrimonio.
Esta propuesta entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
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