Regidoras acusaron presuntas irregularidades de alcalde de Epazoyucan, Antonio Montiel Castelán, quien intenta justificar un gasto de 20 millones de pesos. Además, lo acusan de “desaparecer” 200 mil pesos de remanentes, del 2022.
En rueda de prensa, las regidoras Ángela Delgadillo Ugalde, Verónica Jiménez Islas, Diana Paola Islas Álvarez, así como la síndica María Eugenia Rivera Islas, dijeron que el ayuntamiento recibió un monto adicional de 20 millones en marzo.
Esto, cuando tenían un presupuesto de más de 64 millones para este año, por lo que suman 84 millones.
Aseguraron que la Tesorería municipal no informó al Cabildo de esos 20 millones. Expresaron su desconocimiento sobre el destino de ese dinero adicional.
Por ello, señalaron que el presidente Antonio Montiel busca que, ahora, el Cabildo apruebe una modificación al Presupuesto de Egresos de este año, para justificar el manejo de dicho presupuesto.
Dijeron que el edil no justificó adecuadamente en qué usaría dicho recurso, toda vez que busca la modificación, a pocos días de finalizar el año.
Como parte de otras presuntas irregularidades del alcalde de Epazoyucan, destacaron la desaparición de más de 200 mil pesos de remanentes, del ejercicio fiscal 2022. Provenían de un monto de un millón 609 mil pesos que, al no ser utilizados, debían ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda. Destacaron que, de dicha cantidad, el edil solo retornó poco más de 1 millón 300 mil.
Sin embargo, en la rueda de prensa, un grupo de personas acudió para acusar a las regidoras de “obstaculizar” la ejecución de obras para las comunidades.
Al respecto, el edil emitió un comunicado donde expuso que los señalamientos en su contra carecen de sustento. Dijo que solo se trata de una persecución.
Otro caso de corrupción en Hidalgo
El pasado jueves, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra el expresidente municipal de Tlahuiltepa, Israel Martínez Rivera, y su extesorero, Roberto Bautista Reyes, debido a la presunta malversación de fondos de 25 millones de pesos relacionados con la Estafa Siniestra.
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El juez de control Jesús Anim Islas ordenó esta medida, como parte del proceso penal 1836/2023. Los investigan por el delito de peculado, en perjuicio de la administración pública municipal durante su mandato en el periodo 2012-2016.
Durante la audiencia, los acusados solicitaron una ampliación de tiempo. Por ello, su situación legal será determinada el 11 de diciembre a las 15:00 horas. El juez de control decidirá si los vincula a proceso por corrupción en Hidalgo.
Santiago Nieto Castillo, encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), reveló que los acusados hicieron gastos por alrededor de 25 millones entre 2012 y 2016.
No obstante, dichos recursos los destinaron a empresas fantasma, ya que las cuentas de transferencia no estaban debidamente registradas, lo que llevó a la Procuraduría a clasificar el delito como parte de la Estafa Siniestra.
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