La Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) enfrenta cinco procesos administrativos por desvío de recursos en asesorías y obras durante la administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
El pasado jueves, en el cuarto día de comparecencia en el Congreso del Estado, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas, informó que detectaron que dicha comisión incurrió en anomalías.
Dijo que encontraron archivos del anterior titular de la Comisión de Pueblos Indígenas de Hidalgo, Enrique Simón Romero, que demuestran un posible daño al erario.
En un caso, Miguel Ángel Tello explicó que dicha dependencia pagó para que le realizaran una “consultaría exclusiva”. Sin embargo, a cambio recibió documentos que no se utilizaron o que eran de solo cinco páginas.
Algunos casos donde el anterior titular llevó a cabo una impresión de documentos que no se utilizaron o que eran cinco páginas, y se pagó como si fuera una consultoría única y exclusiva”, dijo Miguel Ángel Tello.
Además, el encargado de la Unidad de Planeación explicó que hay cuatro casos más de probable desvío de recursos en obras de la Huasteca, el Valle del Mezquital y en la región de Tulancingo.
La Comisión de Pueblos Indígenas de Hidalgo señaló en ese entonces que los trabajos estaban concluidos. Sin embargo, Miguel Ángel Tello aseguró las construcciones no existen.
Por otra parte, mencionó que podría aumentar el presupuesto de dicha comisión. Esto luego que el gobierno estatal y federal avalaran más recursos para construir carreteras en zonas rurales.
Avalan Programa para infraestructura en pueblos indígenas
El 3 de mayo pasado, el Congreso del Estado aprobó el Programa Presupuestal para Infraestructura Básica de los pueblos indígenas de la entidad.
Con esto, habrá una partida especial para el 2024 destinada a mejorar las condiciones de dichas comunidades.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá etiquetar el presupuesto para este programa.
Además, el Poder Legislativo también avaló que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas gestione dicho programa.
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