La titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social en Hidalgo, Simey Olvera Bautista, reveló que interpusieron denuncias contra exfuncionarios de dicha dependencia por el desvío de más de 22 millones de pesos.
Tras su comparecencia en el Congreso del Estado, la titular de la dependencia confirmó que hay dos procesos que analiza la Contraloría estatal. De ellos, uno también lo investiga el Poder Judicial del Estado.
En rueda de prensa, destacó que una de las denuncias es por un desvió superior a los 22 millones de pesos. Sobre la otra acusación no detalló el monto exacto, pero aseguró que es una cifra menor.
Acerca de estas denuncias, la secretaria de Bienestar no dijo los nombres de los exfuncionarios de Hidalgo involucrados. Sin embargo, afirmó que es otra de las irregularidades cometidas en la administración de Omar Fayad Meneses.
Denuncia de Simey Olvera concuerda con investigación
Una de las denuncias mencionadas contra exfuncionarios concuerda con el desvío cometido por René Escamilla Martínez, exsubsecretario de Política Social de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, misma que posteriormente se convirtió en la Secretaría de Bienestar en Hidalgo.
De acuerdo con el periodista Áxel Chávez, a René Escamilla lo investigan por el posible desvío de 22 millones 990 mil 38 pesos.
El modus operandi consistió en registrar a “beneficiarios fantasma” en el Programa de Empleo Temporal de la administración de Omar Fayad. En su testimonio, una subalterna dijo que los involucrados cobraron este recurso.
Agregó que Rene Escamilla le confirmó su intención de que se aprobarán las operaciones bancarias “por concepto de sueldo”. Esto para que los beneficiarios los cobraran con cheques.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) buscaba detenerlo, Rene Escamilla presentó un amparo antel el Juzgado Tercero de Distrito el pasado 31 de julio.
Con Omar Fayad, programas sociales solo llegaron al 25% de solicitantes en Hidalgo
Por otro lado, la Secretaría del Bienestar, Simey Olvera explicó que había empresas privadas implicadas en la entrega de los programas sociales durante las administraciones pasadas.
Esto generó opacidad al momento de rendir cuentas, toda vez que era costoso mantener los mismos programas.
Igualmente, dijo que hubo recortes presupuestales del 99% en el gasto de inversión entre los periodos 2017 y 2021. Esto debido a que apenas ejecutaron cinco millones de pesos en dicho rubro.
Agregó que los programas sociales apenas llegaron al 25% de la población que los solicitó, en la pasada administración. Por ello, en 2021, apenas registraron a 96 personas beneficiadas, mientras que en 2022 hubo 558.
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