En sesión ordinaria, la diputada Citlali Jaramillo Ramírez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar como delito el robo de agua potable en Hidalgo. La propuesta contempla penas de hasta seis años de prisión para quien cometa esta falta.
Ante las y los diputados, la legisladora aseveró que la escasez no solo es un problema local, sino que es mundial. Por ello, dijo que con esta iniciativa busca garantizar la disposición del vital líquido para las y los hidalguenses.
Según expuso, Hidalgo es de los estados que menos agua dispone diariamente. Sólo el 39.2% de los hogares tiene acceso a este derecho, lo que ubica al estado en el lugar 25 a nivel nacional.
Aseguró que esto sucede por diversas causas, como la falta de mantenimiento en las instalaciones hídricas, falta de atención en las fugas de agua y el cobro inadecuado por parte de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).
Además, por causas propiciadas por la actividad humana como el cambio climático o el aumento de la población en zonas urbanas. De igual forma por una mala planeación en el desarrollo hídrico o por falta de recursos para atender esta situación.
Detalló que el 3.9% de las y los hidalguenses no dispone de agua entubada. Esto equivale a más de 33 mil hogares sin el vital líquido.
Aunado a esto, existen tomas clandestinas de tipo domiciliarias, industriales y comerciales que afectan la distribución del agua. La diputada señaló que datos del CAASIM revelan la existencia de 150 mil tomas clandestinas que diariamente roban dos millones de litros del líquido.
Ante estos tipos de actos, Citlali Jaramillo propuso modificar el Código Penal del Estado de Hidalgo para tipificar el robo de agua. Expuso que, en caso de aprobarse, sería la tercera entidad con este delito por detrás del Estado de México y Tamaulipas.
¿Qué penas proponen por robo de agua en Hidalgo?
De acuerdo a la propuesta presentada por la diputada, se plantea la creación del capítulo 11 denominado “Sustracción o Apropiación de Agua Potable del Servicio Público”.
Este apartado adiciona el artículo 321 Quinquies para dar una pena de dos a seis años de prisión a quien “sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por la autoridad competente, sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica pública”.
También, plantea una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Equivale a un monto de 10 mil 374 a 52 mil 870 pesos.
En el 321 Sexies, establece que considerarán apropiación o robo de agua cuando comercialicen o exploten el vital líquido. También al hecho de “transportar, suministrar o distribuir por cualquier medio el agua potable”.
Ante estas acciones, habrá una pena de uno a tres años de prisión, cuando la cantidad robada sea menor a mil litros. En cambio, será de dos a cuatro años cuando sea mayor a 5 mil.
Por otra parte, habrá una pena de dos a seis años “al que dolosamente altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua”. De igual modo, plantea penas de uno a dos años por alterar los medidores de consumo.
Desde la llegada de Julio Menchaca como gobernador, autoridades clausuraron 2 mil 943 tomas clandestinas. De igual modo, se iniciaron más de 30 carpetas de investigación por robo de agua.
La iniciativa se turnó a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su revisión.
Crean Policía Hídrica
El pasado 19 de julio, el gobierno estatal anunció la creación de la Policía Hídrica para vigilar la infraestructura hídrica y combatir el robo de agua. Este nuevo cuerpo policial trabaja dos turnos de 24×24 horas.
Los recorridos de la Policía Hídrica tendrán lugar en las zonas metropolitanas de Hidalgo donde existe mayor sustracción de agua. Asimismo, donde hay mayor cantidad de pozos por proteger como en Tula y Tizayuca.
El titular de CAASIM, Juan Evel Chávez indicó que dicho cuerpo sustituirá las labores de la Policía Industrial Bancaria. Esta corporación actualmente cuida las instalaciones de la Comisión.
Cabe señalar que la inversión para este sistema de seguridad es de 3 millones de pesos anuales.
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