Desde el Congreso del Estado, presentaron una reforma para permitir la eutanasia a enfermos terminales en México. Para ello, buscan reformar el Código Penal Federal y la Ley de Salud.
En sesión permanente de este miércoles, la diputada de Morena, Sharon Macotela Cisneros presentó una iniciativa que impacta a distintos ordenamientos.
En el cuerpo de su reforma expone que 15 entidades permiten actualmente la eutanasia pasiva, entre ellas Hidalgo. Dicha práctica, consiste solamente en suspender el medicamento o las terapias de una persona en estado terminal, lo que deriva en su muerte.
Dicha alternativa es la única que permiten los ordenamientos mexicanos para la muerte asistida.
La legisladora explicó que, en Hidalgo, solo aceptan estos procedimientos de “voluntad anticipada” si son documentados ante un notario público, quien atestigua las instrucciones del paciente.
Sin embargo, la despenalización de la eutanasia activa, es decir, aquella que consiste en provocar directamente la muerte, ha sido rechazada constantemente en las últimas décadas en todo México, expuso Sharon Macotela.
¿En qué consiste la despenalización de la eutanasia en México?
La propuesta de la diputada sucede en un momento donde la organización Derecho a Morir con Dignidad dio a conocer una encuesta donde siete de cada diez personas respaldaron la eutanasia en todo el país.
La iniciativa plantea la derogación del artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, donde se establece la prohibición de la eutanasia en México. El artículo vigente, define dicha práctica un como “homicidio por piedad, así como suicidio asistido”.
En este artículo, la legisladora propone que la eutanasia se defina como “una acción encaminada a provocar la muerte de los enfermos en situación terminal”.
En cambio, en el artículo 302 del Código Penal Federal, plantea que la privación de la vida reconocida como eutanasia, no se calificará como homicidio.
Por otra parte, en el 312, agrega que quedarán exentas de una pena las personas que auxilien a realizar dicho procedimiento. Esto, en tanto sean profesionales médicos.
Actualmente, el citado artículo tiene una pena de uno a cinco años de prisión contra la persona que ayude o induzca al suicidio. En cambio, es de cuatro a doce años si ella misma provoca la muerte por consentimiento.
La iniciativa de la diputada morenista se turnó a la Primera Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Legislativos para su análisis.
En caso de resultar aprobada, deberá turnarse a la Cámara de Diputados, donde las y los legisladores federales decidirán si la someten a discusión o no.
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