Tras varios meses, el Congreso del Estado designó a las y los miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Hidalgo, quienes tendrán el objetivo de revisar las acciones de dicho órgano y contribuir para la localización de personas.
En sesión ordinaria de este jueves, el pleno del Poder Legislativo aprobó por unanimidad a las y los perfiles que obtuvieron mejores resultados en las distintas etapas, para asumir el cargo.
Quedaron Margarita Medina Santander, Mónica Ramos Zúñiga y Mercedes Paula Salazar Hernández, quienes son familiares de personas desaparecidas o no localizadas.
Como especialistas en protección de derechos humanos, asumieron como consejeros Ayli Rodríguez Barragán y Erick Iván Sánchez Rico. También, quedaron Jonathan Támez Flores, quienes son representantes de organizaciones civiles,
El Congreso del Estado eligió a estos miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo, a casi seis meses de someterlos a entrevistas para medir su experiencia en la materia, en julio pasado.
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El desempeño de la Comisión en la búsqueda de personas desaparecidas
Dicho Consejo, deberá apoyar de manera honorífica, es decir, sin salarios, a las acciones que realice la Comisión. También, podrá analizar su desempeño
Esto, cuando la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo fue uno de los organismos que gastó más en bienes e inmuebles en vez de personal para fortalecer sus actividades, durante el 2022.
La organización Política Colectiva informó que dicho organismo ejerció 8 millones 2 mil 219 pesos de presupuesto en aquel año. Con ello, quedó como la sexta a nivel nacional que menos recursos usó para la búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de Búsqueda gastó la mayoría de ese recurso en bienes muebles, inmuebles e intangibles, igual que en materiales de oficina. No obstante, no tuvo inversión nueva en nóminas para impulsar los trabajos.
Pese a lo anterior, dicho organismo fue el onceavo que más recursos ejerció para la localización de personas desaparecidas. La organización civil calculó que hubo un gasto promedio de 516 mil pesos por cada persona en calidad de desaparecida en los registros oficiales.
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