El Congreso de Hidalgo aprobó una pena de hasta 5 años de cárcel contra servidores públicos que obstaculicen procesos penales, afectando así a las víctimas. Además, se estableció una pena de hasta siete años y medio de prisión por el robo de herramientas y maquinaria utilizadas en actividades agrícolas y ganaderas.
Durante la sesión ordinaria del 30 de julio, el Poder Legislativo respaldó la propuesta presentada por la diputada de Morena, Lisset Marcelino Tovar.
En una modificación al artículo 322 del Código Penal de Hidalgo, se impuso una pena de 3 a 5 años de prisión para los servidores públicos que obstaculicen los procesos penales o dificulten el acceso a la justicia de las víctimas al interferir en sus casos. A esto se añade una multa de 10 a 100 UMAS, lo que equivale a un monto de mil 85 a 10 mil 857 pesos.
Por otra parte, en el artículo 331, se estableció una sanción de tres meses a tres años de prisión para quienes no proporcionen o dificulten el acceso a información necesaria para una investigación o para la detención de posibles responsables de delitos. Esta sanción se complementa con una multa de 15 a 60 días de salario mínimo.
Asimismo, en el artículo 206 del mismo ordenamiento, se incrementaron las penas en hasta la mitad por el robo de herramientas, vehículos y maquinaria utilizadas en actividades agrícolas o ganaderas.
Las penas comunes por robo oscilan entre seis meses y cinco años de prisión. Con esta agravante, el hurto de herramientas agrícolas o ganaderas podría castigarse con penas de entre nueve meses y siete años y medio de cárcel. Esto dependiendo del valor de los bienes sustraídos.
Reformas fortalecen procesos penales en Hidalgo
En el dictamen, el Congreso del Estado justificó que las primeras modificaciones refuerzan el tipo penal de encubrimiento. Para su aprobación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) emitió una opinión técnica favorable.
La Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, por su parte, consideró que la reforma fortalece el proceso penal acusatorio. Con ello, se asegura que las personas involucradas en un caso obtengan la información necesaria.
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Además, la Comisión Permanente subrayó que estas reformas fortalecerán las dos etapas clave del sistema acusatorio. Esto es, la obtención de documentos para el proceso penal y la conformación de pruebas y demás archivos utilizados durante el juicio y en las etapas previas por parte del Ministerio Público.
Las reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
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