Con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Araceli Rodríguez Hernández planteó una pena de entre 10 a 40 años por el reclutamiento de menores para la delincuencia en Hidalgo.
En sesión ordinaria, expuso que deben proteger los derechos de las y los infantes a la recreación. Detalló que deben evitar que ingresen a las filas del crimen organizado o de bandas delincuenciales en sus comunidades.
Expuso que hubo 5 mil 33 menores de 17 años asesinados en todo México por actividades delictivas de diciembre del 2018 a marzo del presente año. Esto según cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS).
De dicha cantidad, destacó que el 72% de las muertes fueron con arma de fuego; el 7% con arma blanca y el 18% con otro elemento. Agregó que existen entre 145 y 235 mil menores en riesgo de ser reclutados en todo el país.
Erika Rodríguez subrayó que el reclutamiento de menores para la delincuencia en Hidalgo se concentra en los municipios con más huachicol. Calculó que cerca de 48 mil niñas y niños de la entidad están en riesgo.
También aseveró que las principales causas de dicha actividad son la depresión, la baja autoestima, la falta de acceso a la educación, problemas económicos y el consumo de drogas. Estos factores, influyen en que las niñas, niños y adolescentes vean a los grupos delincuenciales como la “solución a sus necesidades”.
Las penas por reclutamiento de menores en Hidalgo
La legisladora propuso agregar el Capítulo Quinto, titulado “Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes” al Código Penal del Estado, adicionando así distintos artículos.
En el artículo 243 Quater, se agregaría una pena de 10 a 20 años de prisión contra el reclutamiento de menores a la delincuencia en Hidalgo. También, una multa de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 10 mil 374 ó 20 mil 748 pesos.
Sin embargo, la pena se elevaría hasta el doble con agravante, quedando de 20 a 40 años, si el reclutador es una persona de su familia o tutor. También, cuando la persona sea cuidadora o un familiar en línea colateral de segundo grado.
De igual manera, cuando el reclutamiento sea bajo amenaza de un daño grave o con el uso de la fuerza. Asimismo cuando la o el infante estén en situación de orfandad, de calle, en abandono familiar, tenga alguna discapacidad o sea migrante.
La misma agravante aplicará cuando el reclutador sea un servidor público, incluidos los policías.
Erika Rodríguez pidió el apoyo de las y los diputados locales para aprobar esta reforma en comisiones. Dijo que de esa forma Hidalgo sería la primera entidad en legislar en la materia.
“Ser el primer estado con este andamiaje jurídico, dejando un precedente para que otras entidades federativas legislen en la materia, y sobre todo demostrar que Hidalgo está a la altura de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
La iniciativa se envió a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su estudio.
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