El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) reabrió el proceso penal contra el alcalde de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla, acusado del homicidio de Francisco, un joven de 23 años asesinado en octubre de 2021 en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio.
Cuatro años después de amparos, recursos y resoluciones judiciales, la magistrada Ariadna Maricela Martínez Austria emitió dos fallos contradictorios el mismo día. En uno, exoneró al alcalde y a su madre, Soravelia Escamilla. Sin embargo, minutos después, firmó otra resolución en la que los vinculó a proceso por el mismo delito.
El caso también señaló a Víctor Hugo Pérez, hermano del edil, como presunto autor material. Y es que da acuerdo con testigos del homicidio, disparó contra Francisco incitado por el alcalde y su madre. Desde entonces, Víctor Hugo Pérez permanece prófugo desde 2021.
Tras conocer la reapertura del caso, Carlos Pérez Escamilla difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó la resolución como un acto de corrupción del juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, a quien acusó de influyentismo.
Es un acto ilegal y un atropello. Hemos enfrentado una persecución política desde el inicio, pero estamos seguros de que nuevamente se demostrará nuestra inocencia”
El equipo jurídico del alcalde emitió un comunicado en el que calificó la doble resolución como “preocupante” para la credibilidad del sistema judicial en Hidalgo.
Recordó que tribunales estatales y federales ya habían determinado que no existían pruebas suficientes contra el alcalde de San Felipe Orizatlán ni contra su madre por homicidio.
Mientras tanto, la familia de la víctima insistió en que se haga justicia y exigió la detención de Víctor Hugo Pérez.
Antecedentes del homicidio
El crimen ocurrió durante las celebraciones de Xantolo en 2021. La víctima, Francisco, recibió varios impactos de bala en tórax y abdomen y murió poco después.
El joven era sobrino de Erika Saab Lara, exalcaldesa priista, a quien Carlos Pérez Escamilla había acusado de desvío por más de 58 millones de pesos.
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En 2023, un juez desestimó las pruebas y declaró que no existían elementos suficientes para procesar al alcalde. Esto le permitió librar la acción penal.
Sin embargo, la nueva resolución contradice ese fallo e involucra nuevamente al edil y a su madre como presuntos responsables.
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