Adrián, un joven de 30 años originario del municipio de Huejutla, murió dentro de una cárcel comunitaria en la localidad Lemontitla, después de permanecer cuatro días detenido por una falta administrativa menor.
Autoridades locales confirmaron el hallazgo la tarde del sábado 20 de septiembre y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las causas del deceso.
Habitantes de Lemontitla, comunidad indígena de apenas 224 personas, detuvieron a Adrián el miércoles 17 de septiembre por su presunta participación en un altercado. Lo trasladaron a la cárcel comunitaria que funciona bajo usos y costumbres y no bajo el control directo del ayuntamiento de Huejutla.
De acuerdo con testimonios, el delegado de la comunidad decidió prolongar de manera arbitraria la retención, pese a que se trataba de una falta menor.
Asimismo, familiares del detenido no solicitaron su liberación ni denunciaron irregularidades en los días previos a su muerte.
El sábado 20 de septiembre, durante una revisión de rutina a la cárcel comunitaria, comuneros de Huejutla encontraron a Adrián muerto dentro de su celda.
El cuerpo estaba colgado con una sábana atada a un camastro. Habitantes lo descolgaron y pidieron auxilio médico, pero ya no presentaba signos vitales.
El reporte inicial indica que llevaba varias horas muerto. Tras el hallazgo, las autoridades comunales solicitaron apoyo de seguridad y de servicios forenses.
No obstante, trascendió que el delegado retrasó la notificación a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) por temor a una investigación en su contra.
La PGJEH confirmó que inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no hay líneas claras de investigación, ni se precisó si el delegado o los responsables de la cárcel comunitaria serán incluidos en el proceso.
CDHEH revela las malas condiciones en las que operan las cárceles municipales en Hidalgo
En 2024, las cárceles municipales en Hidalgo, también conocidos como separos, presentaron múltiples deficiencias, entre ellas la falta de condiciones para una higiene adecuada.
Esto, de acuerdo con el informe de Áreas de Detención Municipal 2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
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Según el estudio, dichas áreas enfrentaron diversos problemas. Por ejemplo, el 74 por ciento de los separos municipales en Hidalgo no dispuso de personal médico para atender a las personas recluidas. Entre las demarcaciones con este problema destacaron Mineral del Monte, Epazoyucan, Actopan y Villa de Tezontepec.
Debido a ello, ante cualquier emergencia, los detenidos debieron ser atendidos por instituciones externas como Protección Civil, los DIF municipales o clínicas privadas. Esto generó retrasos en el servicio médico y un costo adicional al presupuesto municipal.
Además, en las áreas de detención de San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Actopan, Progreso de Obregón y Omitlán de Juárez las autoridades de seguridad solo dieron dos comidas al día a las personas detenidos. De acuerdo con la CDHEH, esto se encuentra por debajo de los estándares establecidos.
Esta práctica se replica en el 48 por ciento de los municipios, mientras que el 7 por ciento ofreció únicamente una comida diaria. Por otro lado, los separos de ayuntamientos como Tecozautla y Mixquiahuala de Juárez no proporcionaron alimento alguno a los detenidos.
En cambio, el 65 por ciento de los municipios careció de áreas o celdas especiales para menores de edad. Debido a esto, los retuvieron en espacios como oficinas de recepción, pasillos o sillas de espera. En Actopan y Tlaxcoapan, a niños, niñas y adolescentes los detuvieron y alojaron en celdas sin supervisión adecuada.
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