La violencia institucional contra la exjueza Ivón Ruiz Cerón, a quien cambiaron repentinamente de área, fue ejercida porque así lo requería el servicio, justificó el Poder Judicial de Hidalgo. Sin embargo, no se pronunciaron directamente sobre las múltiples quejas que tienen por explotación laboral.
En un comunicado, indicaron que tienen respeto a cualquier opinión sobre lo que ocurre dentro y fuera de la institución.
No obstante, externaron que el cambio de adscripción “arbitrario” que acusó Ivón Ruiz se aprobó por unanimidad en la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura. Por ello, resaltaron que no fue decisión de una sola persona.
Además, excusaron que el cambio de último momento fue por las “las necesidades en servicio”, toda vez que ella era necesaria en Ixmiquilpan por “el volumen de trabajo y la complejidad de los asuntos”.
Resaltaron que el cargo que ella iba a dejar como jueza de ejecución especializada en justicia para adolescentes no iba a cubrirlo otra persona. Más bien, que la carga laboral sería absorbida por las juezas del juzgado primero y segundo de justicia para adolescentes.
Aunque se dijeron respetuosos de los derechos de las y los trabajadores, no manifestaron nada sobre los otros señalamientos de violencia institucional y explotación laboral dentro del Poder Judicial de Hidalgo, los cuales, surgieron tras el caso de la jueza.
En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo siempre seremos respetuosos de los derechos de las y los trabajadores, incluyendo a quienes forman parte de nuestra gran Familia Judicial, por lo que seguiremos abogando y trabajando para brindar una justicia más humana para todas y todos”.
La renuncia de la jueza por violencia institucional en el Poder Judicial de Hidalgo
El pasado lunes, Ivón Ruiz anunció su renuncia al cargo de jueza en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, tras presentar un amparo contra dicho órgano.
Acusó que en el Tribunal la obligaron a cambiar de puesto y mudarse a Ixmiquilpan en un día. Recibió una notificación de último momento para cambiar de residencia, pues la asignaron como jueza de ejecución para adultos en el municipio citado.
Lo anterior, cuando ella dijo no estar calificada para el puesto, pues no tenía los conocimientos necesarios.
Señaló que esta reubicación inesperada también afectó a su hija, quien no pudo cambiarse de escuela. La entonces jueza pidió ayuda a vecinas y a la directora de la institución educativa para cuidar de ella, mientras laboraba.
Debido a que lo anterior constituye una violencia institucional, la entonces jueza pidió una audiencia con la magistrada presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, pero no la recibió. Por estos hechos, decidió interponer el amparo con un juez federal y renunció a su cargo.
Además, CENTRAL Hidalgo documentó varios casos de personas que, también, dijeron sufrir explotación laboral y violencia institucional dentro del Poder Judicial.
Todo lo anterior ocurrió, previo al primer informe de labores de la magistrada presidenta, el cual, rindió este martes.
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