El Ayuntamiento de Pachuca logró ahorrar más de 150 millones de pesos en demandas laborales de trabajadores de pasadas administraciones que las autoridades judiciales determinaron como improcedentes.
Hugo Armando Vázquez Reséndiz, director jurídico de municipio, informó que, por instrucciones del edil Sergio Baños, emprendieron acciones legales para “proteger” el patrimonio municipal.
Detalló que varias de estas demandas las interpusieron servidores públicos con puestos de alto rango cuando laboraban en el ayuntamiento.
Asimismo, reveló que existen más demandas laborales que no se han resuelto debido a la pandemia de COVID-19. Durante ese periodo de emergencia sanitaria, las autoridades judiciales y administrativas en materia laboral suspendieron actividades.
Sin embargo, Hugo Armando Vázquez reveló que, pese a que el Ayuntamiento de Pachuca evitó el pago de 150 millones en demandas laborales, aún existen cinco laudos pendientes de ejecutar por 40 millones de pesos que deben pagar a trabajadores.
Dicha cantidad no es definitiva, pues podría haber cambios cuando el Poder Judicial anuncie las respectivas sentencias.
En este sentido, el director jurídico lamentó que este ayuntamiento haya iniciado funciones cuando algunas de las demandas ya estaban por concluir a favor de las y los exempleados.
Destacó que esto impidió que hubiera una defensa adecuada por parte de la administración municipal.
Ayuntamiento de Francisco I. Madero paga 42 mdp por demandas laborales
El pasado 19 de octubre, distintas personas obstaculizaron la toma de protesta de Guadalupe Martínez como síndica suplente del Ayuntamiento de Francisco I. Madero
Ella asumiría el cargo debido a que la síndica titular, Aida Olvera, incumplió con sus responsabilidades en una demanda colectiva, presentada por exempleados de administraciones pasadas.
Los errores cometidos por Olvera durante el proceso, provocaron que el ayuntamiento deba pagar indemnizaciones por más de 42 millones de pesos.
Esta situación generó un impacto negativo en las finanzas públicas de la gestión de Ricardo Olguín Pardo.
Lo anterior, ya que el Ayuntamiento solo tiene un monto para nóminas de 39 millones de pesos. De acuerdo con el alcalde, cumplir el laudo representaría “sacrificar” varios proyectos de obra pública.
En consecuencia, la Contraloría de Hidalgo inició un proceso administrativo, que culminó en la destitución de Aida Olvera.
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