El Gobierno de Hidalgo enfrenta la necesidad de usar dos mil millones de pesos para liquidar pagos pendientes por obra pública antes del 31 de marzo de 2025, como parte de un subejercicio por no utilizar dicho recurso durante el 2024.
Según informó la titular de la Secretaría de Hacienda estatal, María Esther Ramírez Vargas indicó que dicho recurso está asignado exclusivamente para obras que están en proceso. También lo usarán para nuevos proyectos.
Los dos mil millones de pesos forman parte de un subejercicio, debido a que no se usaron durante el 2024. Si no lo usa, el Ejecutivo estatal deberá devolverlo a la Tesorería de la Federación.
Por ello, la titular de Hacienda subrayó que el Gobierno de Hidalgo usará el subejercicio para cumplir con los pagos de los proyectos de obra pública que planearon dentro del tiempo estipulado, en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera.
Lo fuerte es en obras. Son dos mil millones de pesos el monto que queda, pero no por ejecutar. Son pendientes de pagos por obras en proceso, los cuales están debidamente comprometidos al 31 de marzo en términos de la Ley de Disciplina Financiera”.
Durante el 2024, el gobierno estatal devolvió 154 millones de pesos a la Tesofe debido a un subejercicio relacionado con la Cuenta Pública 2023. Principalmente, por fondos no ejecutados a tiempo.
Aunado a esto, en 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) tuvo que devolver 20 millones de pesos. Los cuales no usaron en el tiempo planeado, destinados para cursos que estaban retrasados.
Municipios recibirán más recurso en este 2025, asegura la Secretaría de Hacienda
Por otro lado, María Esther Ramírez informó que este 2025 los municipios de Hidalgo recibirán un incremento del 10 por ciento en participaciones federales, equivalente a 544 millones de pesos adicionales.
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Este aumento se debe al esfuerzo recaudatorio, realizado entre 2022 y 2023. Dijo que 63 de los 84 ayuntamientos recibirán más recursos, reflejando el impacto positivo de mejorar la recaudación local.
La titular de la Secretaría de Hacienda subrayó que la distribución de participaciones se realiza de manera transparente y con base en fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, evitando discrecionalidad. Además, todos los procesos son auditados por los organismos fiscalizadores correspondientes.
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