La súper mayoría legislativa de Morena y sus aliados están por concretar la desaparición de los organismos autónomos constitucionales, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Eso evidenciará una crisis profunda de transparencia en el país. La ciudadanía en general no tendrá acceso a información clara y precisa sobre las labores del Estado mexicano.
El INAI, una institución pública fundamental para el combate a la corrupción, está por desaparecer, después de un claro ejercicio legislativo desaseado en el que Morena ha mostrado su fuerza política, pero su nula capacidad de análisis parlamentaria para comprender las implicaciones de la eliminación de un organismo tan trascendental para el país.
La opacidad y la discrecionalidad son dos características del Estado mexicano que primaron durante décadas. A partir de la primera alternancia democrática del 2000, un grupo de ciudadanos, a través del llamado “Grupo Oaxaca”, conformado por periodistas, académicos y activistas, pujaron por la transparencia a través de un organismo autónomo que garantizara este derecho.
El Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), creado en 2002, fue un esfuerzo de la sociedad civil para generar un contrapeso oficial al poder gubernamental. Obligó a las instituciones a transparentar el uso de los recursos económicos, materiales, humanos, técnicos y administrativos para reducir los actos de corrupción.
Cualquier país que se jacte de ser democrático debe contar con un organismo garante de las acciones de transparencia. No sólo sirve al periodismo, sino a la ciudadanía en general. Cualquier persona puede conocer el uso de los recursos públicos y con ello exhibir el mal manejo de los mismos por parte de los servidores públicos para que sean sancionados.
Los motivos para desaparecer al INAI
Para los especialistas en combate a la corrupción, la transparencia es una herramienta fundamental para reducir este tipo de actividades. No solo favorece a la rendición de cuentas, sino al establecimiento de mecanismos coercitivos contra quienes atenten contra los recursos públicos.
No obstante, para el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, la transparencia la puede proporcionar el propio Poder Ejecutivo. Esto a través de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que sustituye a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero que también centraliza las funciones de transparencia que competen al INAI.
El principal alegato de los legisladores morenistas radica en el gasto excesivo que implican los organismos autónomos para la administración pública. Sin embargo, todas estas instituciones federales representan en su conjunto menos del 0.01 por ciento del presupuesto del país.
Las dinámicas de concentración del poder presidencial obedecen a la centralización de las funciones del Estado. Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, se evidenció que este tipo de instituciones representaban un lastre para la autodenominada “4T”. Esto, debido a que contrarrestaban el discurso de transformación que impulsó el expresidente desde las conferencias de prensa mañaneras.
Con Claudia Sheinbaum, la orden de exterminio de los organismos autónomos constitucionales no cambió. En unos días se finiquitará la eliminación de estas instituciones que tenían una función inherente a la democracia a través de su autonomía e independencia.
El impacto en el periodismo
La eliminación del INAI impedirá el desarrollo de piezas de investigación periodísticas para evidenciar los distintos hechos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores.
Atrás quedarán los reportajes que permitieron conocer el famoso “Pemexgate”, visibilizado al inicio de este siglo y las famosas “toallas de Fox” en Los Pinos. También la corrupción de Oceanografía en el gobierno de Vicente Fox; el sobrecosto de la Estela de Luz y las irregularidades de Turissste.
De igual forma, los falsos positivos en la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón. La “Casa Blanca”, Odebrecht, OHL y “La estafa maestra” de la administración de Enrique Peña Nieto. Asimismo, la “Casa Gris”, la corrupción en Segalmex y los sobrecostos del Tren Maya en la gestión de López Obrador.
Todas esas piezas periodísticas hubiesen sido imposibles sin el acceso a la transparencia garantizado por el INAI. Su desaparición implica que se volverá a oscurecer la labor del Estado mexicano sin el acceso a la información ni la lupa vigilante tanto de los periodistas como de los académicos y activistas.
El estado como juez
Así, con la nueva reforma constitucional, las funciones de transparencia radicarán en la secretaría que encabeza Raquel Buenrostro. No obstante, lo que la historia política mexicana nos ha mostrado es que el gobierno no puede ser juez ni juzgado.
Aunque la 4T reconoce a Buenrostro como una de sus servidoras públicas más eficientes, el componente político estará por encima del acceso a la información. Cuando una persona solicite datos sobre el quehacer de los gobernantes, estas solicitudes se perderán o entregarán respuestas deficientes sin que exista la posibilidad de que pueda impugnar esas resoluciones. La respuesta de la SFP dependerá de los propios intereses políticos.
Con ello, el Estado podrá decidir qué, dónde, cuándo y porqué saber algo, seleccionando aquellos contenidos que consideren relevantes para la discusión pública. Por ello, México retornará a los tiempos de un súper Estado no sólo gobernante, sino también controlador de la transparencia.
Así, este concepto de transparencia será tan ambiguo como las respuestas que otorgará el Estado a las preguntas de los periodistas, académicos y activistas. Por ende solapará la corrupción de determinadas instituciones que desde el gobierno anterior mostraron que están por encima de la decisión presidencial. En este sentido, resalta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que decidió esconder toda la información pública de relevancia sobre las distintas obras que ejecutó en el sexenio pasado.
Los costos políticos y democráticos de la desaparición del INAI no se observarán de forma inmediata, pues la mayoría de las personas desconocen la importancia de esta institución en la transparencia.
Sin embargo, para quienes se dedican al combate a la corrupción, a la investigación y al fortalecimiento de la democracia, representa el regreso al pasado, a un Estado cada vez más cercano al viejo régimen del PRI. Aunque éste renovaba sus liderazgos cada seis años y en los tiempos de la 4T no está completamente clara la vigencia de estos.
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Apéndice: También desparece el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). Con ello se pierden los años de avances en cuanto a la construcción de instrumentos de evaluación de las políticas públicas orientadas al combate a la pobreza en el país y a los esfuerzos por mejorar, con base en evidencias, las acciones del Estado para reducir la desigualdad.
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