La diputada de Morena, Cynthia Citlali Delgado Mendoza, propuso reformar dos artículos de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Hidalgo para regular las bicicletas eléctricas.
En la sesión del 12 de febrero del Congreso de Hidalgo, la legisladora subió a tribuna y explicó que el objetivo de su iniciativa es garantizar una legislación a la nueva movilidad urbana que ha optado por usar con más frecuencia dicho vehículo.
De esta forma, las y los usuarios de las bicicletas eléctricas tendrían una protección legal, así como la ciudadanía que está a su alrededor. Esto mediante criterios claros de su clasificación y uso en la vía pública, ya que muchas de ellas tienen distintas velocidades.
Para ello, modificaría el artículo 4, en su fracción III Quáter, de dicha ley para especificar que una persona que conduce una bicicleta que tiene un motor eléctrico. Así como con una potencia máxima de 250 watts y una velocidad de 25 kilómetros por hora, aún es considerada ciclista.
Además, la fracción XII Ter del mismo artículo establecería que si una bicicleta cuenta con un motor eléctrico de más watts y con más velocidad. Así como una combustión interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de desplazamiento, ya es considerada una motocicleta.
Igualmente, reformaría el artículo 90 en su sección III para especificar que quienes utilicen las bicicletas eléctricas en Hidalgo que están consideradas como motocicletas deben adquirir la licencia de manejo Tipo C para no incurrir en una ilegalidad.
La iniciativa la turnaron a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis correspondiente.
Las bicicletas eléctricas son más utilizadas en siete municipios de Hidalgo
De acuerdo con Cynthia Delgado, los municipios de Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes. Así como Actopan, Tula de Allende y Tizayuca son los que utilizan más las bicicletas eléctricas.
Ya que cuentan con distancias cortas y medias para sus recorridos, siendo menores a cinco kilómetros. Por ello, la ciudadanía ha optado por comprar estos transportes.
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Además, en las zonas rurales la tomaron como una alternativa debido a la falta de infraestructura o los terrenos irregulares. Así como a su costo económico en comparación con la compra y mantenimiento de un auto.
Ante su creciente popularidad, la legisladora aseguró que su integración ordenada a la movilidad estatal es necesaria para evitar afectaciones a las personas alrededor de estos vehículos, ya que operan bajo un vacío legal.
Que algunos modelos tengan un desempeño similar al de una motocicleta sin estar dispuestos a las mismas disposiciones legales (…) genera una problemática que no solo afecta a los propios usuarios (…) sino también a peatones, automovilistas y la infraestructura humana”.
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