El pasado miércoles 7 de junio, el diputado Gustavo Magaña Soto y el procurador Santiago Nieto Castillo presentaron una iniciativa al Congreso del Estado para aplicar una pena de hasta seis años a quien limite la libertad de expresión de los periodistas en Hidalgo.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, ambos actores propusieron agregar el Capítulo 1 Bis al Código Penal del Estado. Esto para incluir los delitos cometidos contra este derecho.
Dicha propuesta establece que “comete el delito contra la libertad de expresión la persona que de manera dolosa impida o límite la libertad de expresión” de periodistas en Hidalgo. A su vez, busca que se impongan de dos a seis años de prisión a quien incurra en ello.
En la sesión, el diputado Octavio Magaña dijo que “legislar en materia de protección a periodistas es una de las prioridades legislativas”. Además, agregó que tendrán un lapso de ocho a 15 días para someter la propuesta a votación en el Congreso del Estado.
En cambio, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto consideró a la libertad de expresión como un “motor básico de la sociedad mexicana”. Por ello, hizo llamado a impulsar y defender esta iniciativa.
Durante la sesión estuvo presente Linda Dalia Zamudio García, encargada de la Fiscalía de Delitos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Agresiones contra periodistas
En conferencia de prensa, Santiago Nieto destacó que en la entidad registraron 14 amenazas contra periodistas, 10 lesiones, seis robos, cuatro daños a propiedad y tres abusos de autoridad.
Por ello, resaltó la importancia de estipular una pena de prisión para cualquier delito que atente contra la libertad de expresión de los periodistas en Hidalgo.
El 2022 fue el año más violento para los periodistas en México. Esto según la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Lo anterior luego de que registraran 696 atentados, que incluyeron intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, privación de la libertad y asesinatos.
El 23 de marzo, en Tehuacán, Puebla, un grupo de personas asesinaron al periodista Marco Aurelio Ramírez. El reportero contribuyó a la detención de miembros de una banda delictiva del municipio y fue colaborador de CENTRAL Puebla.
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