La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Johana Moncerrat Hernández Pérez, propuso una reforma al Código Penal de Hidalgo para modificar el delito de abuso sexual.
La legisladora mencionó que se debe establecer que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de una persona no se interprete como consentimiento. Esto para evitar que determinados criterios judiciales incurran en revictimización.
De acuerdo con la diputada del PRI en Hidalgo, es fundamental que se contemple que el delito de abuso sexual conciba actos realizados sin consentimiento cuando una persona sea obligada a observar conductas sexuales o cuando sea forzada a exhibir su cuerpo.
Agregó que se deben modificar conceptos ambiguos y desactualizados como “acciones lujuriosas” y “manoseos corporales obscenos” para que se integren otras definiciones como “tocamientos, caricias, raíces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.
De la misma manera, se considera que no habrá consentimiento cuando anulen la voluntad de la persona o la vicien a través de la violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad.
Recordó que existen casos en los cuales las víctimas no actúan como parte de una respuesta de congelamiento que puede impedirles gritar, huir o resistir físicamente durante alguna agresión sexual.
Asimismo, ahondó que la propuesta está basada en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto con el fin de garantizar condiciones de atención adecuada a las víctimas y que se reduzcan los procesos de impunidad en el territorio estatal.
Casi 300 casos de abuso sexual en cuatro meses
Durante los primeros cuatro meses de este 2026, en Hidalgo se registraron 297 casos de víctimas de abuso sexual, de los cuales 259 fueron mujeres y 32 hombres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detalló que los municipios que concentraron la mayor cantidad de denuncias fueron Pachuca, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma.
El Código Penal de la entidad establece que la pena por ese delito es de cuatro años de prisión. Mientras que en el caso de menores de edad asciende hasta los nueve años de cárcel.
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