Este día, la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una reforma en el Congreso del Estado para evitar que las autoridades cometan discriminación en su propaganda en Hidalgo.
En sesión ordinaria, destacó que la iniciativa deriva de los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). En ella, destaca que en Hidalgo prevalece la violencia contra las mujeres de 15 años o más, en medios digitales.
Por ello, la representante del tricolor dijo que internet y las redes sociales “se han convertido en fuertes potenciadores y reproductores de desigualdad”.
Además, mencionó que esto podría “detonar estados de ánimo depresivos, de autocastigo o incluso tendencias a quitarse la vida”. Por ello, resaltó la importancia de discutir una reforma sobre para poner más candados a la discriminación en Hidalgo.
Gobierno debe evitar mensajes discriminatorios en la entidad
De esa forma, Rocío Jaqueline Sosa propuso reformar el artículo 9, de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación estatal.
La propuesta establece que la discriminación también debe entenderse como cualquier práctica que promueva el odio, a través de mensajes e imágenes en medios de comunicación. Esto incluye las Tecnologías de La Información y las Comunicaciones (TICS).
De la misma manera, obliga a las autoridades del gobierno estatal y municipales, así como a organismos públicos autónomos, a prohibir la difusión de contenidos discriminatorios en los medios de comunicación oficial y privados.
La iniciativa, también establece la difusión de prácticas orientadas a erradicar la discriminación a través de los medios de comunicación oficial.
Asimismo, las autoridades correspondientes deberán emprender campañas permanentes de información que promuevan el respeto a las culturas indígenas.
La reforma, también dicta que deben difundir contenidos para prevenir y eliminar toda clase de discriminación en Hidalgo.
La Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Primera Comisión Permanente de Legislación y de Puntos Constitucionales, para su estudio.
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