El representante del Movimiento Indígena de Hidalgo y de la Organización Ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas, César Cruz Benítez, dio a conocer que impugnará la reforma al Poder Judicial local.
En entrevista, el activista indicó que ya había enviado una notificación al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Andrés Velázquez Vázquez, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas sobre el tema.
Lo anterior, debido a que no los consultaron para la aprobación de dicha reforma y porque impactará a este sector en los procesos jurídicos que interpongan.
Por ello consideró que, en la aprobación de la propuesta, el Poder Legislativo incumplió con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Hoy escuchamos que hablan de muchos derechos y que hablan de muchas reformas, pero de los más olvidados, los más invisibilizados y los más discriminados, que son los pueblos indígenas, no se ve para cuándo una consulta de ello (…), todo lo que le afecte o beneficie (a las comunidades indígenas) se debe de consultar.”
Por esto, César Cruz indicó que el Movimiento Indígena impugnará la reforma al Poder Judicial de Hidalgo, una vez que esté publicada en el Periódico Oficial del Estado (POEH).
En cambio, solicitaron que se implementes los tribunales indígenas que atiendan a dichas comunidades. También, que haya personal capacitado para hablar alguna lengua indígena en proceso penales.
Si no tenemos recursos adecuados, dignos (…), acceso a la justicia, el plan de justicia va a salir sobrando. Entonces nada más es un programa clientelar, populismo. Nosotros no queremos eso, queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas.”
¿Qué propone la nueva reforma al Poder Judicial de Hidalgo?
El 24 de febrero, el Congreso de Hidalgo aprobó la reforma al Poder Judicial Estatal enviada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
La decisión generó críticas de la oposición, que un día después, el 25 de febrero, insistió en que la iniciativa no se analizó lo suficiente. PRI y PAN acusaron la falta de un debate a profundidad.
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La reforma establece que los jueces del fuero común, así como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, serán elegidos por voto popular en una jornada organizada por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH).
Para el proceso de selección, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria con los procedimientos, plazos y cargos a elegir. Posteriormente, los tres poderes del Estado postularán hasta tres aspirantes por puesto. Un comité de evaluación revisará sus perfiles y seleccionará a los mejores.
Como parte de los requisitos, los aspirantes deberán presentar un ensayo de tres cuartillas justificando su postulación, además de cinco cartas de referencia que respalden su desempeño. También deberán aprobar un examen de oposición para demostrar su idoneidad.
Una vez aceptados como candidatos, podrán realizar campaña. Si resultan electos, jueces y magistrados ocuparán el cargo por nueve años y tendrán derecho a una reelección consecutiva.
Magistrados y jueces podrán reelegirse
Asimismo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa podrán extender su cargo por un periodo adicional. Sin embarog, la reelección no aplicará para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
La reforma también establece que el Congreso del Estado nombrará al pleno del Órgano de Administración Judicial. Este reemplazará las funciones del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Estatal tendrá la facultad de designar a un integrante de dicho organismo.
Las elecciones para jueces y magistrados locales se llevarán a cabo en 2027. El Poder Legislativo adelantó que impulsará reformas secundarias para ajustar el proceso.
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