Durante la madrugada, el Congreso de Hidalgo aprobó por mayoría de votos la minuta sobre la reforma de “supremacía constitucional”, que permite al Congreso de la Unión avalar iniciativas de ley sin que estas puedan ser revocadas por algún acto de inconstitucionalidad.
La noche del pasado 30 de octubre, la Cámara de Diputados avaló la propuesta con la que podrán impulsar cualquier reforma sin algún contrapeso.
Tras la aprobación, el dictamen se turnó a los estados, donde se requería el aval de al menos 17 de los 32 Congresos estatales para su entrada en vigor.
Mientras recibían la minuta de la reforma de “supremacía constitucional”, el Congreso de Hidalgo convocó a una sesión de forma inmediata, misma que inició a las 22:30 horas.
En una sesión que duró alrededor de tres horas, avalaron el dictamen con 24 votos a favor y cinco en contra de la oposición. El Congreso de Hidalgo fue el séptimo Poder Legislativo que lo hacía.
Las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano exhibieron carteles con la frase “La Ley de Herodes”.
En cambio, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se mostró a favor de la propuesta, en las distintas intervenciones de sus diputados.
Los diputados del PRI, Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez, cuestionaron la celeridad del trámite.
De forma particular, Johana Montcerrat Hernández dijo que la premura no les permitió analizar el dictamen previamente. Toda vez que advirtió que la reforma pretende evitar que haya un contrapeso contra las reformas del gobierno de Morena.
A su vez, el legislador del Movimiento Ciudadano, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal dijo que las propuestas de este tipo afectan a la soberanía del pueblo.
¿En qué consiste la “supremacía constitucional” del Congreso de la Unión?
La reforma sobre la “supremacía constitucional” avalada por el Congreso de la Unión consiste en la modificación de dos artículos de la Constitución para que la mayoría de legisladores de Morena impulsen cambios cuestionables sin que alguna autoridad los suspenda.
En el artículo 105, establecieron que serán improcedentes todas las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que busquen revertir modificaciones a la Constitución. El órgano encargado de dichas impugnaciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
De igual manera, establecieron en el artículo 107 que no procederán los amparos “contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
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En un artículo transitorio, se establece que la SCJN o juzgados no podrán revertir cualquier impugnación o acto de inconstitucionalidad contra una reforma que haya sido aprobada antes de la entrada en vigor de este decreto.
Lo anterior, significa que Morena y sus partidos aliados podrán impulsar cualquier modificación constitucional a conveniencia, sin que exista la forma de impugnar sus propuestas.
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