Ignacio García columna

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Ignacio García

Supremacía constitucional, supremacía política en reforma a la SCJN  

Las reformas constitucionales, aprobadas sin discusión ni análisis legislativo, entre ellas la más reciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), parecen ser una práctica recurrente en la vida parlamentaria nacional en la actualidad.  

En un nuevo tiempo récord, los senadores de Morena avalaron una nueva modificación constitucional. En esta ocasión, presentada por los coordinadores del partido mayoritario el martes 22 de octubre como iniciativa, aceptada en comisiones el miércoles y votada el jueves. Evidencia que no sólo se pretende una supremacía constitucional, sino que también impera una supremacía política. 

La iniciativa fue presentada por los coordinadores de Morena en las cámaras de diputados y senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. También la respaldaron los presidentes de ambas cámaras, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña. La propuesta tuvo el aval de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues incluso defendió la nueva reforma. 

Como ha sucedido con todas las reformas dictaminadas en la actual legislatura federal, tuvo su aprobación con la mayoría absoluta de Morena y aliados. En esta semana de finales de octubre, será turnada a la Cámara de Diputados para que nuevamente la aprueben y envíen a los congresos estatales, donde también tienen mayoría calificada. 

Con la nueva reforma constitucional, pretenden evitar que la SCJN considere inconstitucional alguna reforma. No habrá posibilidad de revertir una modificación avalada por el Poder Legislativo, que, al mismo tiempo, es impulsada por el Poder Ejecutivo, lo que vulnera los derechos fundamentales a los que tiene acceso cualquier ciudadano como impugnar ante el Poder Judicial. 

¿Porqué al Ejecutivo le importa la reforma para limitar a la SCJN? 

Una de las principales razones por las que la bancada de Morena decidió proponer esta modificación constitucional es evitar que la Corte revierta la aplicación de la reforma al Poder Judicial, avalada al finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.  

Con la propuesta, el gobierno también se blinda contra cualquier otra impugnación por otras reformas. Entre ellas, la eventual eliminación de los organismos autónomos, así como la militarización de la Guardia Nacional —esta última aprobada al cierre del gobierno anterior—. 

La “Supremacía constitucional” evita que exista cualquier posibilidad de atentar contra las modificaciones de Morena y sus aliados. Pero, desde septiembre, la 4T dejó claro que tienen una supremacía política, en la cual pueden modificar la constitución a su gusto sin ningún contrapeso. 

Así, la labor legislativa únicamente es anecdótica. No hay debate ni análisis en la aprobación de las reformas que Morena determine como prioritarias. Es una supremacía que se asemeja a la que tuvo la otrora fuerza hegemónica, el PRI, durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Como en los mejores tiempos del PRI y peores para el país, Morena revive esta postura concentradora de poder. No sólo tiene mayoría en el Congreso de la Unión, sino también en 30 de los 32 congresos estatales. Además, gobiernan 24 de las 32 entidades del país y mil 20 municipios del país. Los contrapesos al poder presidencial vuelven a ser tan endebles como sucedía en los momentos de mayor autoritarismo del tricolor. 

México no es una dictadura como algunos alarmistas señalan, pero es preocupante que el país viva un retroceso político, con cada vez menos candados a los alcances del poder presidencial que volvió a ser acaparador y que, como lo sostuvieron Jorge Carpizo y Daniel Cosío Villegas, adquiere facultades metaconstitucionales. 

La supremacía que se logra mediante la coacción en Morena 

Las formas políticas con las que actúa Morena son similares a las de un niño que comete bullying contra otro menor, más vulnerable.  

La mayoría de la cúpula del partido guinda tiene su génesis en las estructuras del priísmo. Por eso, la negociación y el diálogo, praxis elemental de la política, quedan de lado para aprovechar una mayoría aplanadora sin siquiera analizar lo que aprueban. 

Los legisladores de Morena votan con las manos, pero legislan con los pies. El talante democrático que tanto pregonan está de lado con una escasa preparación y conocimiento de la actividad legislativa que supuestamente deben desarrollar. 

En el Senado, el último eslabón que les faltaba para alcanzar la mayoría calificada lo consiguieron a través de la extorsión. Miguel Ángel Yunes Márquez, decidió votar a favor de la reforma al Poder Judicial, evitando que las investigaciones que desarrolla la FGR no trasciendan. 

De esta manera, queda claro que Morena legisla con su supremacía, con la “zanahoria o el garrote”. Es decir, si cooperan voluntariamente serán recompensados con cargos o incentivos monetarios. Pero si no lo hacen, se abren carpetas de investigación para obligar su alineación al nuevo partido hegemónico. 

La “Supremacía constitucional” que lograrán en cuestión de días favorecerá al discurso presidencial, que a su vez se aprovecha de la escasa politización del grueso de la población, que tampoco se informa ni se entera sobre las implicaciones de estas reformas. Esa indiferencia sólo beneficia a un partido que acapara más y busca mantenerse como la representación del poder político en su más pura expresión, así como les enseñó Andrés Manuel López Obrador. 

Si el PRI no negoció con la oposición cuando controlaba todas las instituciones, esta situación se repite con Morena, donde no existe ningún tipo de acuerdo. Solo podría existir una apertura cuando el poder político del partido guinda comience a desquebrajarse. Una vez que muestre sus fisuras, las negociaciones serían parte del quehacer del movimiento que se denominó diferente a la partidocracia tradicional, pero que tuvo beneficios de este sistema. 

Lo que ocurrirá en 2025 

La última de las reformas constitucionales que representa dos pasos atrás a lo que México construyó en los últimos años con la sociedad civil es la eliminación de los organismos autónomos constitucionales.  

El Congreso de la Unión planea “revisarla” antes de que concluya el año. 2025 comenzaría sin instituciones garantes de transparencia, con un estímulo mayor a la opacidad y la discrecionalidad. 

Apéndice: La discusión de estas reformas se ha concentrado específicamente en lo político. El diálogo excluye su viabilidad técnica operativa. La efímera revisión de la reforma para limitar a la SCJN tendrá menor prevalencia en la opinión pública, pero mayor trascendencia en el largo plazo. 

Las opiniones y análisis de los columnistas no necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editorial.     

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