El expolicía del mando coordinado del municipio de Zempoala, Juan Manuel “N”, reaccionó de forma violenta en los juzgados cuando lo vincularon a proceso por el delito de violencia familiar equiparada contra su expareja.
El pasado 17 de febrero, las autoridades presentaron al acusado ante la jueza de control, Janett Montiel. Dicha jueza ha sido constantemente señalada por emitir fallos cuestionables, relacionados a violencia de género.
Conforme a la causa penal 1901/2024, la Procuraduría le imputó el delito de violencia familiar en agravio de su pareja, quien actualmente forma parte de la misma corporación policial.
Durante la audiencia inicial, celebrada ese día, la jueza consideró que había elementos suficientes dictar prisión preventiva como medida cautelar.
En ese momento, el expolicía de Zempoala reaccionó de forma violenta en la sala de oralidad del Centro de Justicia para Mujeres. Al ser esposado para su traslado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca dañó equipo de cómputo y micrófonos en la sala. Elementos de la Policía Ministerial y procesal intervinieron con fuerza pública para controlarlo.
Dos días después, el 19 de febrero, la jueza ratificó la medida cautelar y lo vinculó a proceso al expolicía de Zempoala. El imputado permanecerá en prisión preventiva hasta por un plazo de dos años, mientras avanza su proceso legal.
La corporación municipal de Zempoala confirmó que el exagente fue dado de baja, aunque no precisó la fecha.
Jueza deja vulnerables a víctimas de violencia de género en Hidalgo
La jueza que atendió este caso, Janett Montiel, enfrenta críticas por decisiones que han dejado en riesgo a mujeres víctimas de violencia de género en Hidalgo. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que sus fallos permitieron que agresores eviten sanciones severas, lo que en algunos casos derivó en feminicidios.
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En agosto de 2023, un hombre intentó asesinar a su expareja en Mineral de la Reforma. Durante un ataque de celos, la asfixió y le provocó cortes en el cuello con un trozo de vidrio. A pesar de la gravedad del caso, el Ministerio Público reclasificó el delito como violencia familiar en lugar de tentativa de feminicidio.
La jueza Janett Montiel avaló la decisión y permitió que el agresor saliera de prisión en noviembre de ese año, con la condición de usar un brazalete de localización. Meses después, Montiel eliminó la medida de monitoreo y solo le ordenó mantenerse alejado de la víctima.
En cambio, en noviembre del 2024, suspendió el proceso por privación ilegal de la libertad en contra de Marco Antonio “N”, un expolicía de Mineral de la Reforma que, meses después, asesinó a su expareja, Rosaura, y a otros tres familiares de ella.
El fundador de Seiinac, Rafael Castelán Martínez, advirtió que estos casos reflejan fallas en el sistema de justicia. Explicó que las autoridades frecuentemente reclasifican intentos de feminicidio como violencia familiar, lo que permite penas más laxas.
Además, señaló que el sistema de protección a víctimas es burocrático y poco efectiva. Esto obliga a las afectadas a realizar múltiples trámites antes de recibir ayuda por posibles agresiones.
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