El exalcalde de Tlaxcoapan y asesor del PAN en la Cámara de Diputados, Jovani Miguel León Cruz, recibió una tercera vinculación a proceso por desvío de recursos y daños al erario.
Según las acusaciones, desvió más de 3 millones 656 mil pesos junto con Julissa Georgina Arteaga García, extesorera de la demarcación durante su administración (2016-2020).
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) presentó las pruebas al Poder Judicial contra el panista y la exfuncionaria.
Ambos están señalados por no cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de retenciones salariales del Ayuntamiento entre septiembre y diciembre de 2016. Esta omisión generó un crédito fiscal que el municipio debió solventar, afectando gravemente las finanzas públicas.
El juez de Control, Víctor Hugo Matadamas Barranco, consideró que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción presentó pruebas suficientes para una tercera vinculación a proceso del exalcalde de Tlaxcoapan. Además, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Como medida cautelar, el exalcalde y la extesorera permanecerán en prisión preventiva, medida que ya cumplían por procesos penales anteriores.
El proceso contra Jovani Miguel León
Las autoridades detuvieron a Jovani Miguel León el pasado 27 de noviembre de 2023 en un domicilio de Mineral de la Reforma. Esto mientras se desempeñaba como asesor de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
Tras su detención, lo trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) en Pachuca, donde permanece en prisión preventiva.
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Meses antes, en junio de 2023, intentaron aprehenderlo tras una audiencia en Tula de Allende por presuntas irregularidades.
En diciembre de 2023, lo vincularon a proceso por autorizar pagos para la ampliación de una red eléctrica en la calle Gran Canal de Teltitlán de Juárez. Sin embargo, esta obra nunca se ejecutó.
Por este caso, el Poder Judicial lo encontró responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
También enfrenta una segunda vinculación por hechos ocurridos en 2018. En ese entonces contrató a la empresa ARA Organización y Servicios de Producción S.A. de C.V. sin respetar el proceso de adjudicación legal. Dicha situación ocasionó un daño económico de cerca de dos millones de pesos al Ayuntamiento de Tlaxcoapan.
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