El exalcalde de Progreso de Obregón, Armando Mera Olguín, aceptó su responsabilidad por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por lo cual cumplirá su sentencia en libertad.
Mediante un procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión en perjuicio de la administración pública municipal.
Además, la resolución judicial ordenó el pago de 4 millones 670 mil 369 pesos como reparación del daño patrimonial causado al erario.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que la condena se derivó del reconocimiento expreso de los hechos imputados.
Al ser una pena menor a cinco años, la sanción de prisión puede ser conmutable conforme a la legislación vigente.
El exedil podría acceder a un régimen de semilibertad o cumplir trabajo a favor de la comunidad, si cumple los requisitos legales.
La aceptación de responsabilidad permitió agilizar el proceso penal y evitar un juicio prolongado, conforme al marco jurídico aplicable.
Familiares y personas cercanas al exalcalde de Progreso de Obregón se congregaron en el exterior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, luego de quedar en libertad para cumplir su sentencia, donde manifestaron su respaldo con pancartas.
Detención de Armando Mera Olguín
La PGJEH detuvo a Armando Mera Olguín, alcalde con licencia de Progreso de Obregón y candidato del PT, por uso ilícito de atribuciones.
La detención ocurrió la madrugada del 23 de abril, tras un cateo en su domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio.
De acuerdo con autoridades, el edil no transparentó más de cinco millones de pesos correspondientes a la cuenta pública municipal.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo detectó irregularidades por más de 10.7 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022.
Tras su captura, Mera Olguín fue ingresado al Cereso de Pachuca, donde un juez determinó su vinculación a proceso.
El juez ordenó prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Simpatizantes del PT realizaron manifestaciones y acusaron persecución política por parte del gobierno estatal.
Autoridades estatales rechazaron motivaciones electorales y aseguraron que la detención responde a observaciones previas al proceso electoral.
El gobernador Julio Menchaca afirmó que las acciones se realizan conforme a la ley y como parte del combate a la corrupción.
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