Con el terror amasando sus rostros, docenas de adolescentes y feministas empujan sus espaldas contra los muros de las granaderas que custodian el Palacio de Gobierno de Hidalgo, en Pachuca. Pese a la presión de sus cuerpos, algunas todavía insisten en sostener sus pancartas contra la represión machista.
Hace minutos que, en ese mismo pedazo de explanada, cayeron las vallas metálicas que resguardaban el inmueble. Ahora todo queda en una especie de mano a mano donde policías y manifestantes solo buscan defenderse, cada una, desde la trinchera que les toca cuidar.
El saldo es inimaginable para lo que, días antes, colectivas anticiparon como una manifestación pacífica: alrededor de 13 personas afectadas, entre ellas menores de edad, según la información recabada por Seiinac.
En esa cifra están las cuatro jóvenes que las y los policías estatales alcanzaron a detener en la zona de las vallas, entre gases lacrimógenos. Dos de ellas, fueron llevadas a un sótano dentro de Palacio de Gobierno, donde presuntamente las golpearon. Las otras dos terminaron en el Ministerio Público. A una, incluso le intentaron fincar el delito de homicidio, por rociar gasolina en la invisible franja que las separaba de las granaderas.
A eso se suma la detención de tres hombres, entre ellos otro menor de edad, señalados como posibles infiltrados.
Para el domingo, todas y todos estaban en libertad. En el caso de las mujeres, los cargos en su contra no procedían. De los hombres se desconoce.
Consecuencias de la primera represión contra feministas en Hidalgo
Consulté a distintas fuentes y todas coincidieron en un punto: es la primera vez que en Hidalgo ocurren agresiones policiales en una manifestación feminista. En 2024, solo hubo un altercado donde un automovilista confrontó al contingente porque no podía transitar en Pachuca.
Si hubo infiltrados es lo de menos. Lo que importa son los antecedentes, esa abundante leña que aviva las protestas.
Los antecedentes de al menos nueve feminicidios ocurridos hasta antes de ese 8M en Hidalgo, cuatro de ellos en un lapso de alrededor de dos semanas en Mineral de la Reforma.
El antecedente del terrible asesinato de Rosaura y su familia, a manos de un expolicía municipal que, meses antes, quedó en libertad en un proceso donde la ahora víctima advirtió que temía por su seguridad.
Con el antecedente de las respuestas esquivas del Gobierno de Hidalgo, donde evitaron asumir la falla sistémica que impidió que Rosaura pudiera vivir.
Tampoco importa buscar a las culpables para repartir culpas sobre quién empezó primero; salir a una rueda de prensa para asegurar que ellas, las manifestantes, las encapuchadas, comenzaron a tirar las vallas, a rociar gasolina frente a las policías; tampoco importa exponer a la opinión pública las fotos de las “agitadoras” y decir que ellas están en su derecho a la protesta, pero a la protesta pacífica.
Entre feministas, solo incrementará la desconfianza a hacia sus autoridades, ya de por sí deteriorada desde hace mucho. Principalmente, tratándose de la primera represión contra una marcha feminista en el primer gobierno morenista de Hidalgo, donde la bandera nacional es el empoderamiento con la primera mujer presidenta.
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