Diversas autoridades de Hidalgo han intentado eludir responsabilidades e incluso han señalado a otras por el feminicidio de Rosaura y el asesinato de su familia en Mineral de la Reforma perpetrado por Marco Antonio “N”, un expolicía municipal que el Poder Judicial liberó meses antes del crimen.
Francisco Fernández Hasbun, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) defendió el actuar del Ministerio Público.
Aseguró que, en 2024, la instancia se opuso a la decisión de la jueza Jannet Montiel de suspender el proceso contra el expolicía por privación ilegal de la libertad de Rosaura. Esta determinación resultó en la liberación del sujeto.
Esta declaración surge luego de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, intentara defender a la jueza tras el feminicidio. En este sentido, aseguró que tanto la víctima como el Ministerio Público no se opusieron a la suspensión del proceso.
Francisco Fernández también señaló que el Ministerio Público judicializó el caso de privación ilegal de la libertad contra la víctima en dos ocasiones.
Si se opuso el Ministerio Público, ojalá me entiendan, es un tema bien delicado, les pido respeto sobre este tema. El trabajo del Ministerio público, lo repito, nosotros iniciamos a partir de que suceden los hechos. Estamos trabajando bien, recordemos otra cosa, el Ministerio Público, él determino que hubo un delito, por eso judicializo en dos ocasiones.
Aseguró que personalmente verificó el trabajo del Ministerio Público, calificándolo como “excelente” y a favor de la víctima. Sin embargo, esta misma declaración fue hecha por la magistrada presidenta días antes, cuando afirmó que la actuación de la jueza fue conforme a la ley.
El actuar del Ministerio Público para su servidor fue excelente y por la víctima. Yo soy muy respetuoso de lo que diga la presidenta, yo no emito comentarios. Yo verifiqué la actuación del Ministerio Público y siempre fue pro-víctima.”
Tribunal Superior intenta defender a jueza que liberó a feminicida
El 7 de febrero, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, defendió a la jueza Janett Montiel, quien suspendió uno de los procesos contra el expolicía de Mineral de la Reforma que, posteriormente, asesinó a su expareja y a su familia.
Rebeca Aladro explicó que, inicialmente, la jueza se negó a suspender el proceso por privación ilegal de la libertad contra el acusado. Sin embargo, cuando la defensa de Marco Antonio “N” solicitó nuevamente la suspensión, el Ministerio Público y la víctima no presentaron objeciones.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP “CAFÉ Y CHISMECITO”
Dijo que la jueza tuvo que aceptar el recurso conforme a la ley, lo que permitió que el expolicía fuera liberado. Esto provocó que continuara amedrentando a la víctima utilizando patrullas municipales, según familiares de los afectados.
Rebeca Aladro también negó que la segunda carpeta de investigación hubiera sido judicializada en 2024. Esto pudo haber evitado la liberación del agresor en noviembre del mismo año.
Sin embargo, poco después corrigió su declaración, reconociendo que la carpeta ya estaba judicializada. Asimismo, insistió en que la jueza no estaba al tanto de esto cuando dejó en libertad a Marco Antonio “N”.
Ante las críticas sobre la actuación de la jueza, la magistrada presidenta aseguró que se abriría una investigación para determinar si Janett Montiel cometió alguna irregularidad al suspender el proceso. Si se confirman las faltas, la jueza podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución.
La respuesta del gobierno de Hidalgo y de Mineral de la Reforma
Diversas autoridades de Hidalgo han intentado minimizar el hecho, ocultando la falla sistémica que condujo al feminicidio de Rosaura y el asesinato de su familia.
El 10 de febrero, el gobernador Julio Menchaca Salazar rechazó que el Estado haya fallado al no garantizar las medidas de protección que Rosaura debía recibir como parte de su proceso penal contra Marco Antonio “N”.
Aseguró que su administración trabaja constantemente para contener la violencia. También mencionó que revisarán el funcionamiento del sistema de medidas cautelares y el actuar de la Procuraduría en este y otros casos.
Por su parte, el alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo Rubio, descartó la destitución del secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alberto Trejo Terrazas. Esto a pesar del aumento de la violencia en su municipio, donde ocurrieron los asesinatos mencionados.
El edil emanado de Morena aseguró que la inseguridad es una “herencia” de administraciones anteriores. Además, afirmó que algunos personajes políticos buscan desacreditar su gobierno con los hechos recientes.
Existen voces oscuras que quieren denostar el trabajo de la policía. Tenemos una historia de malos gobiernos que venimos arrastrando y que tenemos que cambiar.”
Eduardo Medécigo aseguró que su administración trabaja en reforzar la seguridad mediante reuniones diarias y mesas de diálogo.
También mencionó que esperan la llegada de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) para comprar patrullas, armamento y equipamiento para la policía. Sin embargo, reconoció desconocer el monto que la Federación asignará al municipio.
Las declaraciones de las autoridades de Hidalgo han generado dudas sobre su responsabilidad en la liberación de Marco Antonio “N” y sobre las medidas tomadas para prevenir el feminicidio de Rosaura. Mientras tanto, la violencia sigue cobrando víctimas en Mineral de la Reforma.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico