Habían transcurrido apenas 11 días del inicio del gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006. En medio de una serie de críticas por un presunto fraude electoral cometido en los comicios presidenciales, la legitimidad del panista estaba en duda. En una medida desesperada, que no formaba parte del proyecto integral de su campaña, anunció el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Con ello, ubicaría los reflectores de la opinión pública contra el crimen organizado, dejando a un lado las tensiones políticas del país.
El inicio de la estrategia de seguridad contra el crimen organizado fue el comienzo de una larga y sangrienta lucha entre los distintos grupos criminales que se escindieron y que radicalizaron sus acciones para obtener el control de territorios y las rutas de tráfico de drogas. Además, diversificaron sus actividades delictivas para que, a casi 18 años del arranque de la campaña militar, no exista vía real para solucionar esta problemática cada vez más compleja.
Distintos especialistas como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, han referido constantemente que el gobierno de Calderón cometió una serie de errores de iniciar una campaña militar contra el crimen organizado sin planeación ni estrategia. Esto a su vez provocó que el problema se incrementara y la “paz armada” que mantenían los cárteles se rompiera con la intervención del Ejército. Aunado a que en cada sexenio hubo una organización delictiva beneficiada por la administración federal.
La violencia se recrudeció por la guerra contra el narcotráfico. La población tuvo que comenzar a vivir con la inseguridad, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, feminicidios y enfrentamientos constantes. Estos convirtieron zonas pacíficas del país en escenarios de guerra como ocurre en la frontera sur.
Los rezagos de la guerra contra el narcotráfico
Al terminar el gobierno de Calderón, la situación no cambió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Decidió continuar con la misma política militar de su antecesor, pero con un ambiente social cada vez más deteriorado. Con nuevas modalidades de violencia que la prensa no había documentado.
Peña Nieto apostó por la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y la fallida conformación de la Gendarmería, así como el denominado “Mando coordinado”. Acciones que no sirvieron para pacificar al país, pues los grupos criminales han estado completamente infiltrados en las policías municipales, estatales y en la federal.
Los grandes cárteles comenzaron a operar como franquicias en distintas regiones. Mientras que los grupos locales, para tratar de amasar el mayor poder posible, cometieron actos de violencia inhumanos.
Así, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la promesa era terminar con el ciclo de la violencia de la guerra contra el narcotráfico y el regreso del Ejército a los cuarteles. Sin embargo, apenas unas semanas después de ocupar el cargo el mandatario federal reconoció que la situación de violencia era mayor a la que esperaba. Decidió mantener la presencia de las fuerzas castrenses. Esto, en tanto se conformaba la nueva Guardia Nacional, la cual está integrada por exelementos de la extinta Policía Federal y del Ejército mexicano pero con un mando civil.
No obstante, al concluir el primer sexenio de la llamada Cuarta Transformación, la violencia no ha cedido. Hay zonas controladas por el crimen organizado, y el gobierno de “izquierda” decidió darle el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concediéndole más poder que Calderón y Peña Nieto.
La tarea de Sheinbaum
Con esta situación, el escenario es sumamente complicado para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella hereda una guerra contra el narcotráfico que comenzó hace casi dos décadas. Una que ni el panismo ni priismo ni morenismo han sido capaces de resolver.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) prácticamente será una fachada. La capacidad operativa recaerá en la Sedena. Aunque Omar García Harfuch ganó notoriedad pública como un policía concentrado en combatir la inseguridad en la Ciudad de México, sus funciones en el nuevo sexenio serán exclusivamente en el área de inteligencia.
Tampoco Sheinbaum ha explicado cómo afrontará el problema de la inseguridad y violencia que vive el país. Esta es la principal preocupación de la población, según lo muestra la encuesta de confianza de las instituciones públicas elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Apuntes de salida: Aunque los cárteles han desafiado al Estado mexicano, las instituciones oficiales son capaces de responder de forma eficiente al problema. Esto, en tanto se implementen una serie de acciones de inteligencia que ayuden a disminuir la violencia y cortar el flujo monetario de las organizaciones criminales.
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