El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó —apenas por la diferencia de un voto— la validación de la elección judicial, en la cual se eligieron a las nueve personas que integrarán la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en su mayoría son cercanos a la “cuarta transformación”.
Hugo Aguilar Ortiz, el aspirante más votado en la jornada electoral, será el nuevo presidente de la Corte. El abogado mixteco, de quien se ha hecho referencia en este espacio, llega con escasas credenciales académicas y profesionales. Sin embargo, cuenta con el apoyo de Palacio Nacional, donde optaron por evitar que alguna de las tres ministras pro “4T” obtuviera la presidencia del máximo organismo judicial.
El nuevo ministro, quizás de forma cínica o desapegada de la realidad, dijo que “nadie lo puso”, salvo los votos de “los pueblos”. Según el nuevo presidente de la Corte, su arribo a la titularidad no tiene que ver con su labor como operador político del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los mega proyectos del sexenio pasado, como el “Tren Maya” y el “Tren Interoceánico”, los cuales, tuvieron el amplio repudio de las comunidades originarias.
Para los principales críticos de la 4T, el perfil de Hugo Aguilar parecía casi desconocido. En el radar de la mayoría de los opinadores, aparecía alguna de las ministras más mediáticas de la Corte. Sin embargo, desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó que el abogado oaxaqueño sea el presidente. Por ello apareció como el primer nombre en los acordeones que circularon entre la base militante morenista.
La tristemente célebre triada repite en la SCJN
Pero Hugo Aguilar, cercano al régimen actual, estará acompañado en la SCJN por la triada más famosa —no por buenas razones— de la Sala Superior en la actualidad. Yasmín Esquivel, conocida públicamente por plagiar su tesis de licenciatura, repetirá en su cargo los próximos años. Ella jura y perjura que tenía en la mente las ideas que Edgar Ulises Báez escribió un año antes en el documento con el cual obtuvo el grado académico.
Dentro de las altas esferas de la 4T, se sabía que las intenciones de Esquivel eran presidir la Corte. No obstante, después del escándalo por el plagio, sus aspiraciones se desvanecieron, al menos, por ahora.
También estará Lenia Batres, la autonombrada “ministra del pueblo”. Fue favorecida directamente con “el dedazo presidencial” de López Obrador para ocupar un cargo en la Corte. La ministra tampoco tenía las credenciales académicas necesarias para ocupar su cargo, pero el apellido pudo más que sus conocimientos en materia jurídica.
Al ser la hermana del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual director del ISSSTE, Martí Batres, era evidente que a ella le correspondía —por cercanía dinástica— un espacio en la 4T.
Para los abogados más consumados, su nombramiento obedece a su cercanía política con el régimen actual. Sin embargo, su bajo conocimiento jurisprudencial ha sido evidenciado en diferentes sesiones de la Corte.
Por último, repetirá Loretta Ortiz, quizás la menos popular de las tres ministras mediáticas de la 4T. La togada mantendrá su posición como ministra después de reconocerse públicamente como fundadora de Morena. Su militancia no ha quedado de lado en ninguna de sus intervenciones y votos, pues tiene una tendencia a favorecer los proyectos morenistas. A diferencia de las dos ya mencionadas, al menos ella no incurrió en plagio y tiene más credenciales para el cargo.
La exconsejera jurídica de AMLO también tiene plaza
La elección judicial también resultó sumamente generosa para otros perfiles afines a Morena. La exconsejera jurídica de López Obrador, María Estela Ríos, obtuvo un espacio en la SCJN, después de acompañar al expresidente desde su paso en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
A diferencia de Julio Scherer Ibarra, quien se confrontó con la 4T, María Estela no utilizó la consejería jurídica de la presidencia para sus propios negocios. Por ello, la recompensaron con un puesto en la Corte, sumando así otro voto a favor de los proyectos del régimen en la Sala Superior.
Sara Irene Herrerías también obtuvo una plaza en la Corte para acompañar con su voto a favor de la 4T en las decisiones judiciales. Ejerció como exfiscal especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el inicio del sexenio de López Obrador y la gestión de Alejandro Gertz Manero.
Los otros tres perfiles que componen la Corte, Giovanni Azael Figueroa Irving Espinosa Betanzo y Aristides Guerrero García, tienen trayectorias menos políticas que dejan ciertas dudas sobre el sentido de sus votos en las resoluciones judiciales, aunque tampoco representan una mayoría clara que podría quedar como bloque opositor en la Sala Superior.
Los tres magistrados impresentables
El Consejo General del INE validó la elección de tres magistrados acusados de violencia y abuso. Jaime Vladimir Ángel Cisneros tuvo señalamientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por acoso sexual, sumado a acusaciones del movimiento “Me Too”. Eso aunado a que tampoco presentó una carta bajo protesta de decir la verdad.
Sin embargo, a excepción de las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López, el resto de los consejeros validaron su elección como magistrado.
Los consejeros tampoco dudaron en validar el triunfo de Sergio Díaz Redondo, denunciado por deudor alimentario, pese a que Humphrey solicitó que se transparentaran las pruebas con las que el ahora magistrado justificó su cumplimiento de pago alimentario.
Genaro Antonio Valerio Pinillos tiene siete denuncias, hechas por ocho trabajadoras, relacionadas con hostigamiento sexual y laboral. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió de forma temporal por estos hechos, eso no impidió que los consejeros del INE lo palomearan como nuevo magistrado.
Según la mayoría de los consejeros electorales, sólo puede anularse el triunfo de Genaro Antonio Valero si existe una sentencia judicial en su contra. Esto refleja el desinterés y ausencia de empatía en el respeto de los derechos humanos y el respaldo a las víctimas.
Con el poder recién otorgado, los ahora magistrados podrán continuar con estas presuntas acciones de violencia, de forma impune.
Apéndice: Ahora corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificar la elección judicial. También se prevé que la validen, pues tres de los magistrados son perfiles afines a Morena, como la propia presidenta Mónica Soto, quien aplaudirá el proceso electivo.
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