Ignacio García columna

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Ignacio García

Presidente de la SCJN, un perfil indígena, militante y con menos negativos 

Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El abogado mixteco, oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, sustituirá a Norma Piña Hernández como responsable tras superar en las preferencias electorales a la triada de ministras de la “Cuarta Transformación” más mediáticas. 

Cercano al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de la Corte superó a Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria; Lenia Batres, la ministra de López Obrador, y a Loretta Ortiz, la ministra militante, quienes, si bien alcanzaron un espacio en la Sala Superior de la SCJN, no fueron las favoritas de Palacio Nacional para posicionarse al frente del Poder Judicial. 

Mientras la discusión pública estuvo centrada en las tres ministras, quienes abiertamente manifestaron su adherencia política a la autoproclamada “4T”, el abogado mixteco se coló en el acordeón distribuido entre los simpatizantes de Morena, que lo ubicó por delante de las ministras referidas. 

Aunque Hugo Aguilar tiene un pasado como activista y defensor de los derechos de los pueblos originarios -desde que estuvo en la administración pública, primero en el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, y después con López Obrador en el sexenio pasado- su labor ha sido cuestionada por las comunidades indígenas que lo acusaron de formar parte de una red de acoso contra los indígenas que se opusieron a los mega proyectos del gobierno anterior, como la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico. 

Al ser un militante disciplinado de Morena, Hugo Aguilar no tiene relación con escándalos dentro de la estructura política. Por ello, desde Palacio Nacional se ordenó la operación masiva a favor del ministro, que tiene menos negativos que Esquivel, Batres y Ortiz, constantemente cuestionadas en la opinión pública. 

La intención de que Lenia Batres no llegara a la presidencia de la SCJN 

De las tres ministras que ahora forman parte del Pleno de la SCJN, Lenia Batres es la más polémica. La forma en que ingresó al máximo organismo judicial es de las más cuestionadas entre la comunidad jurista. Esto debido a que, al no obtener los suficientes votos en el Senado de la República, la designó como candidata directamente a López Obrador. 

Las credenciales académicas y profesionales de Batres no eran las idóneas para formar parte del máximo organismo judicial del país. Ese tradicionalmente compuesto por abogados con una trayectoria superlativa y cuyas participaciones en la Corte las ridiculizaron los abogados. 

Su parentesco familiar también es un negativo para que llegara a la presidencia de la SCJN. Esto debido a que es hermana del actual titular del ISSSTE, Martí Batres, también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y uno de los cuadros más visibles del morenismo. 

Además, a la ministra autollamada “Del pueblo” la criticaron porque su exesposo, Ulises Lara, se desempeña como fiscal interino de justicia de la Ciudad de México sin tener los méritos académicos para ello. Al obtener su cédula profesional como licenciado en Derecho en “una escuela patito”, el ahora delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos se benefició de su cercanía familiar. 

Como si no fuesen suficientes negativos, Lenia Batres intentó patentar el nombre de “Ministra del pueblo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Dicho organismo federal rechazó la propuesta, pero evidenció las intenciones de acaparamiento de la togada. 

Así, desde Palacio Nacional se ordenó evitar que Batres llegara a la titularidad de la Corte. Esquivel tampoco era viable, después de quedar exhibida por plagiar su tesis de Licenciatura. En cambio, Ortiz tampoco estaba entre las opciones por su reconocida militancia con Morena. Hugo Aguilar resultaba la pieza menos polémica para encabezar este poder. 

Menos esfuerzo académico y más política 

Hugo Aguilar Ortiz será el primer indígena que encabece la presidencia de la SCJN desde que Benito Juárez lo hizo entre 1857 y 1858. Esto, hasta que ocupó la presidencia de la República tras la renuncia de Ignacio Comonfort.  

Sin embargo, sus credenciales académicas son escasas para ocupar un cargo históricamente otorgado a personas con una incuestionable trayectoria educativa. 

El nuevo ministro sólo cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y estudios de maestría en Derecho Constitucional en la misma institución, sin terminar.

Es perfil que, para la importancia de las decisiones que tomarán en el Pleno, requiere de una experticia comprobad.

Además, el nuevo presidente de la Corte nunca ha sido juez, que sería lo mínimo necesario para integrar el máximo organismo judicial del país. No obstante, como caracteriza a la 4T, más vale “lealtad que experiencia” y por ello lo recompensaron por su labor política en el gobierno. 

En los poderes Ejecutivo y Legislativo no se requiere de un nivel mínimo de estudios. Son cargos políticos de representatividad pública, en los cuales buscan representar a diferentes sectores de la sociedad. En dichos cargos, más bien toman decisiones con el acompañamiento de expertos en diferentes materias. 

El Poder Judicial se había blindado de esto, con una orientación basada en la experiencia y conocimiento técnico especializado. Sin embargo, eso se perdió con las elecciones judiciales. 

El conocimiento y la experiencia quedan atrás ante la distribución de acordeones que destacan el nombre del aspirante, sin importar su preparación. Con ello, se pierden años de formación y carrera judicial. La mayoría de los cargos que resultaron electos el pasado 1 de junio los postuló el Poder Ejecutivo. 

Progresividad o retroceso con el nuevo presidente de la SCJN 

En términos de progresividad, la nueva presidencia de la Corte puede representar un paso hacia adelante. No obstante, en experiencia y conocimiento, hay un retroceso histórico que no provocará, en ningún momento, una mejora en la forma de aplicar de justicia en el país. 

Evidentemente es importante que el elitismo deje de ocupar los cargos más importantes del país. Sin embargo, también la carrera y el conocimiento es fundamental para que los impartidores de justicia tomen decisiones acorde en resoluciones a favor de víctimas. 

Apéndice: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres al menos no ocuparán la presidencia de la Corte. Hugo Aguilar no representa, necesariamente, un avance en la impartición de justicia, después de las pésimas referencias que tienen los pueblos indígenas sobre alguien que supuestamente los representará. 

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