Las elecciones para el Poder Judicial de la Federación finalizaron, y el Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que hubo una participación ciudadana de entre el 12.57 y 13.32 por ciento del total de la lista nominal del país. Eso muestra que el abstencionismo fue de casi el 87 por ciento. Es decir, las elecciones con el menor nivel de participación para un proceso de renovación de poderes.
Los paupérrimos resultados electorales son vistos de forma positiva por el oficialismo. Aunque trataron de llamar al voto, los aplaudidores de la “4T” no pudieron convocar ni siquiera al total de los más de 30 millones de electores que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018, ni mucho menos a los casi 36 millones que lo hicieron por Claudia Sheinbaum hace apenas un año.
Esto demuestra que, entre los propios seguidores de la autoproclamada “cuarta transformación, la elección judicial no era interesante ni atractiva. La narrativa oficialista tuvo que tratar de cambiar el enfoque y asegurar que fueron más de 13 millones de personas las que acudieron a votar el domingo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que, al tratarse del primer ejercicio electoral para la renovación del Poder Judicial de la Federación, se había logrado una participación ciudadana de más de 13 millones de personas. No obstante, no especificó que la lista nominal es de casi cien millones de electores.
Para el régimen, el hecho de que acudieran más del diez por ciento del total de los votantes es suficiente para tratar de disfrazar que el proceso es ilegítimo, aunque legal, ya que la reforma constitucional establece que no es necesario un mínimo de participación para que el ejercicio sea vinculante.
En las estimaciones más positivas del morenismo, se calculaba que su sola capacidad de movilización electoral superaría el 20 por ciento. Sin embargo, el número de electores que participaron en el proceso electoral resultó menor al estimado.
Ni AMLO impulsó la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial
Después de ocho meses de ausencia, reapareció en la escena pública el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él es considerado el autor intelectual de la llamada reforma judicial.
Sin embargo, la elección fue tan poco atractiva que en redes sociales se hablaba más sobre la victoria de Cruz Azul en la Liga de Campeones de la Concacaf.
La presidenta y sus seguidores enfatizan que tienen más del 70 por ciento de apoyo popular. Lo cierto es que las elecciones judiciales, un primer termómetro real para conocer la capacidad de movilización de la 4T, simplemente resultaron un fracaso.
Uno que el oficialismo intenta matizar con las comparaciones entre el total de votantes que acudieron a las urnas el domingo, con respecto a los más de nueve millones de votos que tuvo el PAN y los cinco millones de sufragios del PRI en 2024.
No obstante, también tiene que enfatizarse que la participación ciudadana en es consecuencia de un proceso mal organizado de la elección del Poder Judicial. No hubo campañas firmes; la ciudadanía no conocía a los aspirantes ni tampoco los cargos que buscaban, ni las facultades que tienen.
Las boletas electorales —que en algunos casos fueron seis y en otros nueve, dependiendo si hubo comicios para renovación del Poder Judicial local— eran confusas para la mayoría de las personas.
Para quienes no tenían contexto ni suficiente información sobre el proceso electoral, simplemente se trató de una contienda de diferentes nombres desconocidos.
La aparición del expresidente no fue suficiente para convocar a la población a salir a las urnas. Los seguidores de la 4T podrán reconocer la labor del tabasqueño, pero no alcanzó para que la gente destinara minutos de su día a buscar alguna de las extraviadas casillas electorales.
La validación del trío de las ministras pro 4T de la SCJN
La elección judicial sirvió para validar la continuidad de las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cercanas a la 4T. Son Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria; Lenia Batres, la ministra designada por López Obrador, y Loretta Ortiz, la ministra militante.
La elección también permitió que los perfiles propuestos por la presidencia de la República y por el Congreso de la Unión —conformado en su mayoría por Morena— sean electos como próximos togados de la Corte.
Las molestias se replicaron incluso entre una de las más cercanas al régimen, Loretta Ortiz. Reconoció que el ejercicio de campaña era deficiente por las limitaciones para gastar y promocionar el voto.
El siguiente ejercicio de renovación del Poder Judicial ocurrirá en 2027, aunque en ese año habrá comicios concurrentes, en los cuales renovarán la Cámara de Diputados, así como gubernaturas y alcaldías en diferentes estados del país. Eso provocará un incremento de la participación ciudadana, aunque esto no representará un éxito como muchos de los aplaudidores dirán.
Así, con esta renovación, la 4T evitará tener a un perfil opositor en la Corte como sucede en la actualidad con Norma Piña. Se prevé que sea Yasmín Esquivel quien encabece la SCJN. Ella acusa ataques de la prensa por los señalamientos de plagio a su tesis de Licenciatura.
Un proceso que no mejora la impartición de justicia
Los defensores de la 4T señalaron que la “derecha” estaba organizando un boicot para afectar la participación ciudadana en las elecciones del Poder Judicial. Con esto, le dieron demasiada fuerza política a una oposición raquítica e inexistente, que es incapaz de movilizarse. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene mayor fuerza de movilización que los partidos de oposición.
El mensaje es claro: a la ciudadanía no le interesa una elección judicial, cuyos incentivos para votar son tan bajos. Dadas las características de los jueces, magistrados y ministros, la mayoría de las personas desconocen sus funciones en cada cargo. Además, las elecciones, por sí solas, no cambian la impartición de la justicia.
Uno de los problemas principales en la cadena judicial del país es la labor que desempeñan las fiscalías estatales y la federal. Sin recursos económicos, técnicos, humanos ni administrativos, las fiscalías están rebasadas para atender todos los casos. Son incapaces de integrar y judicializar correctamente las carpetas de investigación.
La reforma judicial no se enfocó en mejorar el proceso de impartición de justicia. Acusó que los principales responsables de las deficientes resoluciones judiciales son los jueces y magistrados actuales. Esto dejó de lado a toda la cadena que obedece a una serie de problemas asociados a la celeridad de los casos y la colaboración de las respectivas fiscalías.
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Apéndice: El Poder Judicial nunca ha sido democrático ni tampoco lo será con la elección de dicho poder. Quienes celebraron la reforma que permitió su realización desconocen el pasado. En cambio, quienes defienden al actual modelo también ignoran la amplia corrupción, vinculada a las cuotas y cuates que se asignaban. La principal solución a estos problemas radicaba en un verdadero sistema profesional de carrera asociado a la experiencia profesional, nivel académico y capacidad ética de los juzgadores.
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