El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, aseguró que hay intereses económicos en los transportistas que participaron en las protestas recientes por el abuso de dos menores de edad en Zimapán, presuntamente cometido por Arturo Williams Trejo y un grupo de morenistas.
Ante medios de comunicación el mandatario lamentó que los transportistas del Sindicato del Cemento hayan utilizado un caso tan sensible para movilizarse el 19 de febrero. Consideró que su verdadera intención era presionar por intereses económicos.
“Si hubieran preguntado a quienes participaron de esta manifestación, a los conductores, a qué venían, hubieran tenido la respuesta. Fueron utilizados por un interés sensible y se revictimiza a las niñas.”
Menchaca también señaló que los bloqueos de Pachuca tuvieron un trasfondo económico relacionado con el sector del transporte de materiales en Zimapán.
“Más que nada, el conflicto entre la familia y la utilización de algo que agravia tanto a la sociedad como es el abuso. Se traslada a una situación de carácter económico, en donde sí hay una intención de participar en una actividad muy lucrativa que es el transporte de materiales.”
Finalmente, Julio Menchaca negó que las protestas en Pachuca por el abuso de las dos menores en Zimapán sean un indicio de ingobernabilidad.
“Si existiera un ánimo de señalar subjetivamente que no hay Estado de derecho en Hidalgo, no tendríamos inversiones ni generación de empleos. Hidalgo es un lugar seguro para vivir e invertir.”
Respecto al caso de abuso infantil, confirmó que el delito existió y que las menores fueron agredidas. Sin embargo, aclaró que la investigación sigue su curso y que será el Poder Judicial Federal el que determine la responsabilidad del morenista Arturo Williams Trejo Leal en los hechos.
Julio Menchaca aseguró que no existe ninguna protección para los responsables del abuso. Esto, pese a señalamientos de que el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, influyó para que Williams Trejo quedara en libertad en 2023.
“Nosotros estamos en la mejor disposición de atender a todas las personas, pero es un tema que está en el Poder Judicial Federal y como abogado debo ser un respetuoso (…) pero no hay protección, eso sí lo digo contundentemente, absolutamente para nadie.”
Intereses políticos y conflictos familiares empañan caso de abuso sexual en Hidalgo
En 2022, dos menores de edad presuntamente fueron abusadas sexualmente en más de 15 ocasiones. Las menores señalaron como responsables a cinco personas, entre ellas Williams Trejo, su esposa Bertha Eva Medina, así como la diputada local de Morena, Alhely Medina, quien es hermana de la esposa.
Williams Trejo es un operador político de Morena en la región, toda vez que ha tenido contratos con el actual gobierno de Hidalgo.
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En 2023, fue detenido por el presunto abuso. Sin embargo, la jueza Janett Montiel lo dejó en libertad, argumentando que las pruebas no eran suficientes. Tras un amparo, una jueza federal desestimó el fallo inicial, señalando que la jueza hidalguense no tomó en cuenta otras pruebas que servían para confirmar el abuso.
El caso volvió a tomar relevancia en la opinión pública, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que analizara el caso.
Las protestas en Pachuca
Por ello, desde la madrugada del 19 de febrero, transportistas bloquearon puntos clave en Pachuca, afectando vialidades en Plaza Juárez, el Palacio de Gobierno y el Estadio Hidalgo. También protestaron en varios puntos de Ecatepec.
Sin embargo, el objetivo de dicha manifestación quedó en duda. Aunque afirmaron solidarizarse con las víctimas, varios transportistas admitieron desconocer el motivo real del bloqueo. Además, camioneros de Zimapán se deslindaron de la protesta y denunciaron que usaron su nombre sin su consentimiento.
El Gobierno de Hidalgo informó que intentó dialogar con los manifestantes, pero estos indicaron que esperaban “órdenes” de los organizadores para proceder.
Mientras tanto, algunos actores políticos, como la diputada Alehy Medina, señalaron que el encabezaba el Sindicato del Cemento por intereses políticos. Por la tarde, los transportistas retiraron la protesta sin ofrecer explicaciones.
Por otro lado, el padre de las menores presuntamente abusadas, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, rechazó las acusaciones contra Arturo Williams y Bertha Medina. Aseguró que no existían pruebas de abuso.
Sin embargo, la jueza federal Marlen Ángeles Tovar afirmó que sí había evidencias, incluyendo dictámenes médicos y psicológicos.
Además, la abogada de las menores, Aylen Trejo, acusó al padre de intentar sacarlas del refugio donde están protegidas y de intentar proteger a los abusadores.
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