El coordinador jurídico del gobierno de Hidalgo, Raúl Serret Lara, señaló que las cesiones de inmuebles que ha dado el gobierno estatal durante más de 80 años representan un desfalco al erario por más de mil 800 millones de pesos.
El funcionario señaló que durante años el gobierno de Hidalgo cedió diferentes inmuebles a grupos particulares, con una serie de irregularidades, provocando un desfalco y por ello han iniciado un proceso de regularización.
De acuerdo con el representante del gobierno estatal, iniciaron un proceso de recuperación de inmuebles y bienes del Poder Ejecutivo. Y hasta el momento han recuperado más de 300 predios.
Agregó que iniciaron los procesos de verificación interna para conocer la situación en la que se encuentran los inmuebles que fueron cedidos, dado que algunos tienen varios años de antigüedad.
De la misma manera, recordó que la Asociación Down Hidalguense no protocolizó la escritura correspondiente ante el notario público. Por lo cual iniciaron un proceso de revisión de las condiciones en las que se encuentran los bienes de la entidad.
Indicó que se trata de un proceso de saneamiento interno dentro de los bienes de la administración estatal. Ya que le pertenecen a la ciudadanía y no a un grupo político en particular.
Proceso de recuperación del inmueble de la Fundación Herrera Cabañas
El representante legal del gobierno estatal mencionó que se encuentra en litigio la recuperación del predio que ocupa la Fundación Arturo Herrera Cabañas (FAHC), debido a que presentó un amparo.
Rechazó que se trate de una persecución política en contra de la organización. Y aseveró que identificaron que violó el debido acuerdo de comodato que establecía que no podía lucrar en el interior.
Sostuvo que al detectar la venta de café pudieron iniciar el proceso de revocación de comodato. Sin embargo, la FAHC ha iniciado un proceso para mantener el control del bien, por lo cual serán las instancias judiciales las que determinen su situación.
El gobierno de Hidalgo inició un proceso de recuperación del inmueble de la FAHC, pero de acuerdo con la organización, la administración estatal cometió una serie de irregularidades. Por ello, la fundación afirmó que se trató de un ataque político.
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