La Fundación Arturo Herrera Cabañas (FAHC) obtuvo una suspensión provisional para evitar el desalojo del inmueble que ocupa en el centro de Pachuca.
La medida se concedió dentro del juicio de amparo 798/2026, con el objetivo de mantener la situación actual mientras se resuelve el conflicto legal.
El juez ordenó que ninguna autoridad ejecute acciones para retirar la posesión del inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende 113 o entregarlo a terceros.
También se estableció que cualquier procedimiento en curso relacionado con la desposesión deberá detenerse, evitando que se concrete la pérdida del inmueble en disputa.
La resolución condiciona la vigencia de la suspensión a que la parte quejosa deposite una garantía económica de 50 mil pesos en cinco días.
En caso de incumplir con este requisito, la protección judicial quedará sin efecto, lo que permitiría retomar las acciones legales relacionadas con el inmueble señalado.
La fundación impugna la aplicación del artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado, derivado de un juicio civil donde asegura no haber sido notificada.
Según su argumento, se emitieron resoluciones que afectan su posesión sin haber sido llamada al proceso, lo que vulneraría su derecho de audiencia y defensa legal.
El amparo se promovió el 13 de abril y, tras una corrección inicial, el juzgado admitió la demanda, dando inicio formal al procedimiento jurídico correspondiente.
Se programó una audiencia constitucional para el 18 de mayo, para analizar el fondo del asunto y determinar la legalidad de los actos reclamados.
Además, se fijó una audiencia incidental el 7 de mayo, en la que se definirá si la suspensión provisional ante el desalojo de la Fundación Arturo Herrera Cabañas se mantiene de manera definitiva.
Disputa por la casona utilizada por la fundación
El coordinador jurídico Raúl Serret informó que el gobierno estatal busca recuperar el inmueble ocupado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas mediante la rescisión del comodato.
Explicó que en 2022 se firmó el acuerdo, pero detectaron actividades comerciales como venta de café, lo cual contraviene las condiciones establecidas para uso público cultural.
Según autoridades, dichas acciones carecen de permisos municipales y motivaron la decisión de cancelar el convenio, con el objetivo de evitar el uso lucrativo de bienes públicos.
La Fundación Arturo Herrera Cabañas rechazó las acusaciones y afirmó que la cafetería solo financia actividades culturales ante la falta de apoyo económico gubernamental.
Su representante, Tonatiuh Herrera Gutiérrez, aseguró que no existen ganancias y que el espacio se mantiene con recursos propios para sostener proyectos independientes.
Por otra parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar descartó motivaciones políticas y señaló que buscan recuperar inmuebles públicos cedidos previamente a particulares en la entidad.
Indicó que el caso permanece en litigio y será un juez quien determine la legalidad de la rescisión del contrato firmado entre ambas partes.
Ante la situación, la fundación informó que entregó una carta a Claudia Sheinbaum Pardo para exponer su problemática y solicitar apoyo ante el posible desalojo.
Su presidenta, Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, afirmó que defenderán el inmueble, considerado un espacio emblemático con más de dos décadas de actividad cultural.
Ambas partes sostienen posturas opuestas sobre el uso del inmueble, mientras el proceso legal avanza para definir el futuro del recinto en disputa.
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