La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, informó que el organismo requerirá una ampliación presupuestal para organizar la consulta ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros.
La funcionaria explicó que los recursos necesarios serán adicionales a los contemplados para el proceso electoral de 2027. En ese año se renovarán el Congreso local y los 84 ayuntamientos de la entidad.
Señaló que el IEEH elaborará entre julio y septiembre la propuesta presupuestal correspondiente al ejercicio de participación ciudadana.
Detalló que la consulta implicará la contratación de personal adicional y la instalación de una urna extra en cada casilla electoral.
Asimismo, indicó que el organismo deberá determinar el volumen de documentación electoral y boletas que requerirá para desarrollar la consulta.
La presidenta del IEEH agregó que estas definiciones se revisarán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Actualmente, cada casilla electoral opera con seis funcionarios: un presidente, dos secretarios y tres escrutadores.
Sin embargo, la consulta sobre las corridas de toros obligará a incorporar un escrutador adicional en cada centro de votación en Hidalgo.
María González Escalona reconoció que se tratará de un ejercicio inédito para la entidad. Esto debido a que coincidirá con un proceso electoral concurrente para elegir diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales.
Congreso de Hidalgo pospone discusión sobre corridas de toros
El Congreso local aprobó recientemente la realización de la consulta ciudadana, programada para el 6 de junio de 2027, para determinar si deben prohibirse las corridas de toros en Hidalgo.
Los legisladores acordaron suspender la discusión de la iniciativa presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Avelino Tovar Iglesias, hasta conocer el resultado de la consulta.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los animales han cuestionado la decisión del Congreso de Hidalgo.
Los colectivos sostienen que la protección de los seres sintientes constituye un derecho reconocido constitucionalmente y, por tanto, no debería someterse a una consulta popular.
Asimismo, criticaron que los legisladores hayan trasladado la decisión a la ciudadanía, lo que implicará destinar recursos públicos adicionales para organizar el ejercicio.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico