El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una nueva crisis mediática y política. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de vínculos directos con el Cártel de Sinaloa (CDS).
Aunque en un principio Rubén Rocha negó que se desprendiera de su cargo como gobernador, tras una visita exprés de la presidenta en Palenque—residencia de Andrés Manuel López Obrador–, aceptó solicitar la licencia como mandatario estatal para responder a las demandas del gobierno norteamericano.
Desde Palacio Nacional se comenzó a operar para tratar de contener el golpe mediático y político más importante que ha sufrido la autollamada “cuarta transformación”. Uno de los planteamientos que se sopesaron para este caso fue negociar la salida de Rubén Rocha de la gubernatura a cambio de iniciar investigaciones en México, mismas que no prosperarán.
El gobierno mexicano pretende maniobrar para simular que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie investigaciones en contra del mandatario estatal con licencia. Con ello, emular el proceso que se llevó a cabo en contra del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, detenido en 2019 por Estados Unidos, tras ser acusado de vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, en esa ocasión el gobierno de López Obrador gestionó con la administración de Trump para que el extitular de la Sedena fuese extraditado a México y procesado penalmente en el país. Pero una vez que arribó al país lo liberaron e incluso meses después el propio mandatario federal le entregó un reconocimiento a Cienfuegos.
La administración de Sheinbaum pretende replicar esta operación. Por ello, Rubén Rocha tuvo que dejar su cargo para que la FGR “lo investigue”. Y una vez que lo exonere refiera que se iniciaron las investigaciones correspondientes en contra de un gobernador emanado de la “4T”.
Rubén Rocha, el apadrinado político de AMLO
El gobierno de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha de recibir apoyo del CDS para ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021. En ese momento el grupo criminal, amagó y extorsionó a los opositores para garantizar la victoria electoral de Morena en la entidad.
Rocha fue cercano al expresidente de México desde que el tabasqueño fungió como dirigente nacional del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el sinaloense se postuló por segunda ocasión como candidato a la gubernatura de esa entidad.
Desde ese momento, Rocha fue uno de los principales operadores de López Obrador en sus candidaturas presidenciales de 2006 y 2012 en Sinaloa. Por ello, en 2017 lo designaron como coordinador estatal de Morena en ese estado y un año después obtuvo una senaduría por el partido guinda.
Por ello, López Obrador destinó varias conferencias de prensa para apoyar a Rocha, después de que el líder del CDS, Ismael “El Mayo” Zambada, refirió que se había reunido con el gobernador de Sinaloa antes de su detención. Aunque en ese momento las autoridades mexicanas desacreditaron la versión del narcotraficante. Y validaron los dichos vertidos por los delincuentes en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Ahora, Sheinbaum debe proteger a Rocha, no sólo por la cercanía con López Obrador, sino para la propia sobrevivencia del movimiento que encabeza. El golpe que representa las acusaciones de nexos con el crimen organizado de gobernadores emanados de Morena representa una crisis de credibilidad para la 4T.
Las manzanas podridas de Morena
El escándalo de Rubén Rocha que apunta a vínculos con el crimen organizado no es nuevo y el único en Morena. En Tabasco vincularon a proceso el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el ahora senador Adán Augusto López, por vínculos con el crimen organizado y haber encabezado el grupo criminal conocido como “La Barredora”.
El exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue cobijado por la estructura de la 4T. El costo político para Sheinbaum fue insostenible y por ello lo relevaron de la coordinación parlamentaria del Senado ante la presión política y mediática existente en contra del “hermano” de López Obrador.
También se han vinculado al exsecretario de Marina (Semar) del gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda. Encabezó una red de huachicol fiscal durante el sexenio pasado, pero solo a sus familiares los procesaron penalmente. Mientras que el exmando castrense fue protegido por la estructura morenista.
Esta misma situación se ha replicado en Tamaulipas, donde las autoridades norteamericanas han señalado un posible contubernio del mandatario de esa entidad, Américo Villarreal, con el crimen organizado.
Asimismo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, perdió la visa por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto después de que el gobierno norteamericano acusó a su exesposo, Carlos Alberto Torres, por formar parte de una red de lavado de dinero para el crimen organizado.
En todos estos casos, la 4T ha optado por la negación, pese a que estas medidas siguen causando más costo político dentro de las estructuras de Morena, rumbo a los comicios de 2027, cuando disputarán 17 gubernaturas del país.
Arrecian las presiones de Washington
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado las presiones en contra de México para combatir al narcotráfico, al acusarlo de estar coludido con las redes criminales.
El gobierno norteamericano catalogó a las organizaciones criminales como agrupaciones terroristas. Las presiones de Washington escalaron y por ello la mandataria federal modificó la estrategia de combate a la inseguridad con la cacería de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en febrero pasado.
No obstante, para la administración de Trump los esfuerzos efectuados por el gobierno mexicano han sido insuficientes. Y por ello ha demandado más acciones contra los narcotraficantes como la detención de políticos vinculados con los cárteles.
El problema para Sheinbaum es que estos perfiles están relacionados con el movimiento que encabeza. Una detención en contra de personajes vinculados con la 4T puede lacerar la credibilidad del movimiento, pero también puede implicar una ruptura irreversible en el mismo.
Así, el panorama político para la mandataria federal se complica, ante condiciones de presiones permanentes de Washington. Trump está desesperado por la estrepitosa caída en su popularidad, con la cual podría perder las elecciones federales intermedias de noviembre.
Su derrota electoral podría relacionarse directamente con un inminente juicio político que se gire en su contra. Por ello, el gobierno de Estados Unidos pretende demostrar que están enfocados en combatir a los cárteles de las drogas. Y las acusaciones contra Rocha pueden representar una escalada significativa en las presiones.
Sheinbaum también se mueve en un terreno fangoso. Las presiones dentro del movimiento son crecientes, con una ruptura entre los moderados y los radicales. Pues hay cuestionamientos significativos con respecto al viraje que ha tomado el movimiento, al perredizarse y contar con distintos grupos que se conflictúan entre sí, mediante los propios intereses sociales.
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