Hace unos días se reveló un nuevo escándalo en la compleja y rocosa relación bilateral entre México y Estados Unidos. En medio de las renegociaciones por el T-MEC, se evidenció que integrantes de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) efectuaron un operativo encubierto con el gobierno de Chihuahua para exterminar campos de cultivo de drogas en la Sierra Tarahumara.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue cuestionada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la falta de información sobre el operativo que desplegaron las autoridades estatales con los agentes de la CIA en territorio nacional.
El incidente se visibilizó, luego de que dos agentes de la CIA fallecieron tras el operativo. Ahí también perecieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, y su escolta, Manuel Génaro Méndez Montes.
Debido a las filtraciones de la prensa norteamericana, el gobierno chihuahuense tuvo que reconocer públicamente que habían participado dos agentes de la CIA. Esta situación generó malestar en Palacio Nacional por la actuación de una gobernadora sin consultarlo con la Federación.
La presidenta pidió a Campos que entregara la información necesaria sobre el operativo en el que participaron agentes extranjeros para combatir al crimen organizado. La crítica hacia el gobierno de Chihuahua también puede verse como una falencia absoluta en el manejo de las áreas de inteligencia de la Federación.
El nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que conformó Andrés Manuel López Obrador, parece que no informó a la presidenta sobre la presencia de agentes de la CIA en México. La gobernadora, quien es una asidua opositora a la “cuarta transformación” decidió no avisarle al gobierno federal sobre el operativo.
Campos violó la Constitución
El artículo 117 de la Constitución Política Mexicana establece que ninguna entidad federativa puede celebrar contratos ni convenios con autoridades de otro país, dado que es una función exclusiva de la Federación. Esto significa que el gobierno de Campos violó la Carta Magna al extralimitarse de sus facultades.
La mandataria estatal ha mantenido una estrecha cercanía con las autoridades norteamericanas. La gobernadora emanada del Partido Acción Nacional (PAN) ha mantenido colaboración con el mandatario conservador de Texas, Greg Abott, quien ha sido uno de los más fervientes impulsores de las medidas antiinmigrantes de Estados Unidos.
Ante la presión pública, Campos reconoció que no hubo comunicación con el gobierno federal y directamente se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para entregarle los informes sobre el operativo en el que participaron agentes de la CIA.
A unos meses del inminente proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Chihuahua, las acciones emprendidas por Maru Campos pueden cobrarle factura al PAN, que busca mantener el control de esa entidad ante las intenciones expansionistas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que pretende postular a la senadora Andrea Chávez.
Los embrollos de Claudia Sheinbaum
Aunque Sheinbaum trató de responsabilizar exclusivamente al gobierno de Maru Campos, en el operativo participaron elementos del Ejército mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó del mismo al rechazar dos días después haber participado en las acciones de la CIA.
Por ello, la presidenta tuvo que reconocer públicamente que los efectivos castrenses colaboraron en “apoyo perimetral”, pese a que la prensa norteamericana evidenció que los militares mexicanos participaron activamente en las labores de combate al crimen organizado.
Así, nuevamente, Sheinbaum volvió a involucrarse en un nuevo escándalo, en el que se reflejaron las incompetencias del gobierno federal, debido a que las ineptitudes de los colaboradores de la presidenta la han orillado a incurrir en un nuevo error comunicacional.
Las fallas en la estrategia de comunicación del gobierno federal han sido una constante. Hace unas semanas se reflejaron las fallas en la tajante negativa del gobierno mexicano a través de Infodemia encabezada por Jenaro Villamil y que finalmente Sheinbaum tuvo que reconocer que las imágenes de una mujer tomando el sol en Palacio Nacional eran ciertas.
También colocaron a la mandataria federal en una situación de vulnerabilidad con la difusión de imágenes en las que supuestamente estaba lleno el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el periodo vacacional de Semana Santa, pero que fueron elaboradas con Inteligencia Artificial.
Y el fiscal en campaña
En medio del escándalo mediático y político relacionado con las violaciones a la Constitución de la gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de Justicia de la entidad, César Jáuregui, realiza actividades proselitistas para buscar la candidatura a la alcaldía de Chihuahua por el PAN.
El fiscal dijo que los agentes de la CIA no habían participado activamente en el operativo y que supuestamente necesitaban apoyo en el transporte, por lo cual el personal de la fiscalía los apoyó, hasta que se presentó el percance en el que fallecieron los agentes estatales y los norteamericanos.
En los últimos días el fiscal estatal ha aparecido en diferentes anuncios publicitarios para anunciar abiertamente sus intenciones de contender por la alcaldía de la capital de Chihuahua, siendo uno de los principales colaboradores de la gobernadora.
No obstante, el escándalo mediático puede erosionar la confianza ciudadana sobre la labor de Campos y Jáuregui, quienes permitieron la colaboración permanente de agentes extranjeros en territorio mexicano, en un momento en el que el gobierno de Donald Trump busca una mayor injerencia en México.
La CIA en México
La presencia de agentes extranjeros en México no es nueva. Desde que Harry Truman fundó a la CIA en 1947, estos efectivos han tejido una extensa red de espionaje por el mundo, en primera instancia, para tratar de combatir al comunismo en la Guerra Fría ante la influencia de la Unión Soviética.
En México, los agentes de la CIA participaron de forma directa con los gobernantes, principalmente con los presidentes. El primer periodista que denunció la presencia de estos agentes en las altas esferas gubernamentales mexicanas fue Manuel Buendía, quien lo publicó en un libro con esa misma denominación.
Años después se filtraron documentos en los que se evidenciaron cómo los expresidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, colaboraron activamente con la CIA en medio de las presiones de Washington para combatir a cualquier grupo comunista en las décadas de los sesenta y setenta.
Así, la presencia de la CIA en el territorio nacional ha sido permanente, pero el gobierno mexicano ha empleado eufemismos para evitar reconocer las violaciones sistemáticas a la soberanía nacional en reiteradas ocasiones.
La presencia de los grupos de investigación e inteligencia norteamericana como la CIA han sido una tendencia en el país, pero ningún gobernante se ha atrevido a asumir públicamente el costo político que representa esta injerencia. Esto puede desencadenar en una caída en la popularidad de Maru Campos en lo que resta de su administración.
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