Las y los diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron que el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos sea público.
Este 9 de diciembre, la integrante de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, Alma Rosa Elias Paso, leyó el dictamen.
Comentó que, tras el cabildeo de la propuesta, su comisión determinó que era una propuesta viable y constitucionalmente válida. Además, indicó que la medida es adecuada y proporcional para proteger el derecho de alimentos y el principio de interés superior de los infantes.
Por estos motivos, el dictamen realiza dos cambios en la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Ambos ocurren en el artículo 141 BIS, haciendo que una persona sea deudora alimentaria morosa cuando incumpla su obligación en un periodo de 90 días consecutivos o discontinuos en un año.
Asimismo, ahora establece que, en caso de no acreditar que ha dado alimentos a las y los niños a su cargo, estará en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios; cabe señalar que la reforma en Hidalgo establece que dicho registro será público conforme a las leyes en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
La impulsora de la iniciativa, la diputada Tania Meza Escorza, recalcó que su objetivo es garantizar que la ciudadanía conozca quiénes han evadido una responsabilidad legal que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
Los legisladores aprobaron el dictamen por unanimidad con 19 votos. Por lo que entrará en vigor una vez se publique en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Aspirantes a cargos públicos no pueden ser deudores alimentarios
El pasado 8 de julio, el Congreso aprobó que las y los aspirantes a un cargo público deben comprobar que no son deudores alimentarios morosos.
Con una modificación al Código Electoral de Hidalgo, la fracción III del artículo 10 Bis especifica que necesitan acreditar un certificado de no inscripción en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos.
En caso contrario, las y los candidatos no podrán competir en las elecciones a los cargos públicos dentro de la entidad.
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