Integrantes del colectivo Mercadita Las Insurgentas y víctimas de violencia vicaria acusaron a jueces y autoridades judiciales de Hidalgo de omitir resoluciones, revictimizar a las mujeres y favorecer a los agresores, quienes en muchos casos permanecen en libertad pese a las pruebas en su contra.
Por ello, se manifestaron frente a los juzgados de control ubicados sobre el bulevar Minero, en Pachuca, para exigir justicia y denunciar la impunidad que, aseguran, prevalece en los casos de mujeres violentadas.
Entre pancartas y consignas como “Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los hijos con la ayuda de los jueces”, las manifestantes denunciaron más de 30 casos de violencia vicaria sin resolver desde 2016, todos con carpetas de investigación activas.
De acuerdo con Guillermina Rivera Martínez, integrante de la colectiva, los procesos judiciales se encuentran “pausados, congelados o sin resolución”. Dijo que, en algunos casos, las víctimas incluso han recibido amenazas.
Las mujeres afectadas provienen de municipios como Pachuca, Ixmiquilpan, Tizayuca y la Huasteca, y aseguran que las autoridades judiciales priorizan la protección de los agresores.
Guillermina Rivera Martínez señaló que esta situación ha provocado problemas psicológicos y depresivos entre las afectadas.
300 deudores alimentarios y casos sin castigo
Las manifestantes señalaron que en Hidalgo existen alrededor de 300 hombres deudores alimentarios, agresores o presuntos feminicidas en libertad. De ellos, sólo 13 han recibido algún tipo de sanción.
El colectivo denunció también la lentitud en los procesos judiciales y la disparidad en el trato. Aseguraron que, cuando una mujer enfrenta una acusación, los jueces la vinculan a proceso de inmediato, incluso sin pruebas sólidas.
Además, advirtieron que los agresores manipulan a los hijos para ponerlos en contra de sus madres, prolongando así el sufrimiento emocional de las víctimas.
No solo nos arrebatan a nuestros hijos, también los usan para dañarnos más”
Casos emblemáticos de impunidad
Las manifestantes destacaron el caso de Gabriela Esparza, quien enfrenta un proceso judicial por una pensión alimenticia que acumula más de 180 mil pesos.
Gabriela Esparza directamente al juez Jesús Amin Ope Islas, quien también vinculó a proceso a William N. en el Caso Zimapán, sin que este último haya sido encarcelado.
El mismo juez procesó a Fernanda Remes Oropeza, actualmente recluida, a quien el colectivo considera otra víctima de violencia vicaria.
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Las integrantes del colectivo criticaron además que programas como las “Jornadas por la Paz”, del gobierno estatal, solo simulan atención sin ofrecer soluciones reales.
Por ello, exigieron capacitaciones con enfoque feminista para jueces y funcionarios, así como procesos judiciales que garanticen justicia para las madres y sus hijos.
Ya no pedimos solo perspectiva de género, sino una perspectiva feminista que reconozca la violencia estructural que vivimos”
El colectivo Mercadita Las Insurgentas anunció que continuará manifestándose hasta que las autoridades rompan el círculo de omisión e impunidad y los agresores enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
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