Las y los legisladores en el Congreso de Hidalgo aprobaron modificar el Código Electoral Estatal para especificar que los aspirantes a un cargo público deban comprobar que no son deudores alimentarios.
En la sesión del 8 de junio, la integrante de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, Claudia Lilia Luna Islas, subió a tribuna y explicó el fundamento de dicha reforma.
Comento que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la transparencia y la veracidad en los procesos electorales para titular del Poder Ejecutivo Estatal, legislador, legisladora, alcalde o alcaldesa, síndica, síndico y regidores.
De esta forma, la reforma sustituirá la aceptación de una declaración bajo protesta de decir la verdad por un documento oficial. Esto para que las y los candidatos demuestren cumplir con sus obligaciones.
Por estos motivos, la comisión aprobó modificar la fracción III del artículo 10 Bis del Código Electoral del Estado de Hidalgo. El artículo contempla los requisitos de elegibilidad para ser candidato o candidata a un cargo de elección popular.
En ese sentido, la fracción mencionada indicará que un candidato no debe ser deudora o deudor alimentario moroso. Por lo que el aspirante deberá acreditar su estatus con el respectivo certificado de no inscripción en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos de Hidalgo.
En caso de no tener dicha acreditación, las y los candidatos no podrán competir por un cargo público.
La reforma fue aprobada por unanimidad con 22 votos a favor. Y entrará en funciones una vez sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Sin solución los juicios contra deudores alimentarios
El pasado 18 de marzo, Claudia Luna denunció en tribuna que, durante 2022, el 95.33 por ciento de los juicios en contra de deudores alimentarios morosos en Hidalgo no tenían resolución.
Explicó que la falta de sentencias afecta a las madres y menores de edad víctimas de la evasión de responsabilidad de un deudor.
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Igualmente, declaró que, a finales de 2024, existían 180 personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Estatal. En cambio, en el panorama nacional, el 67.5 por ciento de las niñas, niños y adolescentes no reciben una pensión alimentaria tras la separación o divorcio de su padre y madre.
Claudia Luna enfatizó que estas situaciones perpetúan los ciclos de pobreza, limitan oportunidades e imposibilitan que las y los menores crezcan con un desarrollo integral.
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