El titular de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, informó que, durante el 2024, un total de 156 funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial en tiempo y forma.
En el marco de la presentación de la Declaración Patrimonial Modificación 2025, el funcionario mencionó que dos expresidentes municipales electos estuvieron impedidos temporalmente para tomar posesión, tras ganar en las elecciones del año pasado.
Se trata de Carlos César Pérez Escamilla y Amado Pérez Hernández, ambos alcaldes de San Felipe Orizatlán y Zacualtipán, respectivamente.
Álvaro Bardales explicó que dichos funcionarios públicos de Hidalgo no cumplieron con presentar su declaración patrimonial, pese a que es una obligación legal. Explicó que ambos ganaron los ayuntamientos, pese a que estaban inhabilitados.
Uno de los ediles tuvo que interponer un amparo para asumir el cargo, mientras que el otro esperó el vencimiento de la sanción para hacerlo legalmente. Ambos casos quedaron registrados en sus expedientes como antecedentes de incumplimiento.
Asimismo, Álvaro Bardales reveló que otro funcionario “de primer nivel”, durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, quedó inhabilitado por un año. Dicha persona promovió recursos legales, toda vez que sigue sin cumplir con su declaración patrimonial. Sin embargo, no precisó su nombre.
Afirmó que este tipo de sanciones se aplican con rigor, incluso en los niveles más altos del gobierno estatal.
¿Cuántos funcionarios públicos de Hidalgo deben realizar su declaración patrimonial?
Actualmente, 120 mil funcionarios públicos de Hidalgo están obligados a presentar su declaración patrimonial. Entre ellos, destacan 80 mil del Poder Ejecutivo, 28 mil de ayuntamientos y el resto de organismos autónomos y otros poderes.
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También, alrededor de tres mil 500 funcionarios deben presentar declaración fiscal por percibir ingresos superiores a 400 mil pesos anuales.
La Contraloría de Hidalgo también brinda apoyo a personal que necesita ayuda en ese proceso, como a personal de salud transferido al IMSS-Bienestar, así como a profesores de zonas rurales, quienes tienen complicaciones técnicas para cumplir en tiempo, pero deben regularizar su situación.
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