La presidenta municipal de Singuilucan, Yazmín Dávila López, reconoció que su administración enfrenta una crisis financiera que afecta la continuidad de servicios, debido a demandas laborales e irregularidades en el manejo de los recursos en los gobiernos anteriores.
La alcaldesa ofreció una rueda de prensa, para informar sobre la situación del Ayuntamiento y detalló que enfrenta un proceso judicial, conocido como “Embargo Uno”, tras la demanda de 30 extrabajadores despedidos injustificadamente.
Dijo que, tras años de litigio, un tribunal ordenó al ayuntamiento pagar 21.4 millones de pesos por indemnizaciones no cubiertas a 24 de estos empleados.
La edil señaló que Singuilucan no cuenta con recursos para cubrir esta deuda y advirtió que el embargo genera una crisis financiera que pone en riesgo el pago de nómina y la continuidad de los servicios públicos.
Dijo que la administración municipal impugnó la ejecución de la sentencia al detectar errores en los cálculos y violaciones al derecho de audiencia. En este sentido, dijo que el monto contemplado por las autoridades se excede en casi cinco millones.
Fuera de ese laudo, reveló que el gobierno municipal enfrenta otros cuatro juicios laborales que suman aproximadamente ocho millones de pesos. La administración ya logró resolver dos casos mediante convenios.
También, dijo que arrastran 70 demandas laborales adicionales: nueve con posibilidad de resolverse a favor del gobierno local, así como otras 61 prácticamente perdidas por la falta de defensa adecuada en su momento.
La alcaldesa de Singuilucan informó que, en general, ya pagaron 1.9 millones de pesos de deuda a extrabajadores, mientras que otros desistieron voluntariamente de sus demandas.
De igual forma, acusó intentos de soborno por parte de exempleados durante estos procedimientos.
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Otras irregularidades heredadas por el ayuntamiento de Singuilucan
En materia fiscal, la alcaldesa informó que detectaron irregularidades de la anterior administración de Marcos Miguel Taboada Vargas.
Reveló que hay un monto de 14.1 millones de pesos por ISR retenido y no transferido al SAT. A raíz de esto, iniciaron denuncias por ejercicio indebido del servicio público y fraude procesal.
Además, identificaron pagos de nómina sin respaldo documental por 21.9 millones de pesos. Mucho de esos emitidos con cheques a nombre del expresidente Marcos Miguel Taboada. En este sentido, no hay pruebas de que los trabajadores hayan recibido dinero alguno
Por ello, dijo que en febrero de 2025 la Comuna presentó una denuncia formal por el delito de peculado.
También reveló que detectaron irregularidades en el manejo del programa federal PAISE. En este sentido, el ayuntamiento recibió 1.2 millones de pesos de los cuales no hay comprobantes de su uso.
Asimismo, identificaron pagos por más de 1.5 millones de pesos, realizados entre el 1 y 4 de septiembre de 2024, sin ningún tipo de justificación.
La presidenta denunció que el ayuntamiento operó sin Presupuesto de Egresos autorizados durante 2022, 2023 y buena parte de 2024. Aun así, identificaron sobre ejercicios por 142 millones de pesos, lo que derivó en una nueva investigación. También reportó un gasto de 3.7 millones de pesos en ayudas sociales sin respaldo.
Yazmín Dávila dijo que, al revisar el parque vehicular, detectaron que 22 unidades estaban en condiciones deplorables. Esto pese a que el gobierno anterior erogó 755 mil pesos en mantenimiento.
Ante el panorama, el gobierno municipal notificó todas estas anomalías a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) y a la Auditoría de la Federación (ASF). Paralelamente, implementó un plan de austeridad, una reestructuración financiera, pagos en parcialidades y solicitó apoyo estatal y federal para estabilizar las finanzas.
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