La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, presentó una iniciativa en el Congreso de Hidalgo para que aspirantes a cargos de públicos de elección presenten una constancia de no deudor alimentario.
Durante la sesión del 18 de marzo, la legisladora subió a tribuna y explicó que la medida ayudaría a fortalecer la transparencia de los procesos electorales estatales. Dijo que también ayudaría a las mujeres que “llevan una doble carga” y eliminaría las declaraciones falsas en contra de las y los candidatos.
Su propuesta contempla modificar la fracción tres del artículo 10 Bis del Código Electoral para el Estado. Dicho artículo establece los requisitos de elegibilidad para ser diputado, regidor, síndico, presidente municipal o gobernador.
Actualmente, la fracción tres establece que un aspirante a cualquier cargo público no debe ser deudor o deudora alimentaria morosa. Para esos casos, solo debe acreditar que está al corriente de sus pagos o presentar una carta de “protesta de decir la verdad”, donde aseguren que no son deudores.
Sin embargo, la reforma presentada por Claudia Luna agregaría que las y los aspirantes a un cargo público en Hidalgo comprueben que no deben con una constancia de no inscripción en el Registro de Deudores y Deudoras Alimentarios Morosos. Lo anterior, en lugar de solo entregar la carta mencionada.
La iniciativa señala que, si no cumplen con ese requisito, las y los aspirantes no podrán competir por un cargo de elección popular.
Está en nuestras manos poder ser responsables con todas las mujeres que están allá afuera, que están cargando con una doble o triple carga. Ojalá que el día que se discuta esta iniciativa pueda contar realmente con su voto.”
La iniciativa se turnó a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente.
Sin solución los juicios contra deudores alimentarios
De acuerdo con Claudia Luna, durante el 2022, el 95.33 por ciento de los juicios en contra de deudores alimentarios morosos en Hidalgo no tuvieron resolución.
Indicó que esta falta de sentencias permite a las y los deudores evadir su responsabilidad, afectando a madres y menores de edad.
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Asimismo, mencionó que, a finales de 2024, había alrededor de 180 personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Estatal.
A nivel nacional, enfatizó que el 67.5 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en México no reciben una pensión alimentaria. Esto luego de la separación o divorcio de sus padres.
Según la panista, dicha situación perpetua los ciclos de pobreza. También limita las oportunidades y la posibilidad de que las y los menores crezcan con un buen desarrollo integral.
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