La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, dio a conocer que están investigando a cinco titulares de dependencias por emitir declaraciones revictimizantes en torno al feminicidio de Rosaura y el asesinato de tres familiares a manos de un expolicía en Mineral de la Reforma.
La funcionaria explicó que, como parte de la queja CDHEH-VG-23-5-25, solicitaron informes a varias dependencias para conocer sus acciones en el caso. Sin embargo, solo dos entregaron información hasta el momento.
Además, mencionó que el motivo de la queja son las declaraciones de varias instituciones gubernamentales sobre el feminicidio de Rosaura.
La presidenta de la CDHEH enfatizó que, por el sigilo de la investigación, no podía dar los nombres de los titulares de las dependencias públicas que emitieron declaraciones revictimizantes sobre el feminicidio de Rosaura. Dijo que señalar a un funcionario o funcionaria es una mala actuación que podría dificultar la situación.
En este momento yo no les podría decir si fue correcto, si fue incorrecto, si alguien tiene la culpa porque estamos en esa investigación (…) No podemos decir algo al aire sin tener los elementos necesarios para poder tener claridad de quién es responsable”.
Aclaró que la investigación durará cuatro meses. Sin embargo, podrían ampliar el plazo, para garantizar la resolución y transparencia en el caso.
Tras externar el pésame a los familiares de las víctimas, Ana Parra dijo que esperara el momento adecuado para acercarse a ellos y dar a conocer las acciones de la CDHEH.
Las declaraciones de las autoridades sobre el feminicidio
Aunque la titular de la CDHEH no precisó los nombres, es importante resaltar que varios funcionarios emitieron comentarios revictimizantes sobre el feminicidio de Rosaura y el asesinato de su familia. Toda vez que otros intentaron deslindar al Estado de su responsabilidad.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, defendió el actuar del Ministerio Público. Señaló que dicha instancia se opuso a que Marco Antonio “N” fuera liberado de su proceso en 2024. En ese momento ya había atentado contra la vida de Rosaura.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, defendió a la jueza Jannet Montiel, encargada de dicho caso. Alegó que ni la víctima ni la PGJEH tuvieron inconveniente con la liberación del sujeto por un proceso de privación ilegal de la libertad contra Rosaura, lo cual, derivó en los asesinatos meses después.
A su vez, el alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Médecigo Rubio, indicó que la inseguridad en el municipio que causó la muerte de Rosaura es a causa de administraciones pasadas y no de la estrategia de seguridad en sus cinco meses de gobierno.
Igualmente, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, rechazó que el Estado le haya fallado a la víctima. Afirmó que el problema de violencia no es exclusivo de la entidad, sino de todo el país.
Además, mencionó que la responsabilidad de lo ocurrido es de quien cometió el crimen y no del gobierno. Precisó que la tarea de las autoridades es sancionar e inhibir este tipo de delitos, no prevenir decisiones individuales.
Por su parte, la diputada de Morena, Tania Meza Escorza, señaló que, si Rosaura hubiera acudido a la primera Jornada por la Paz hecha en Mineral de la Reforma, la historia sería otra.
El asesinato de Rosaura y su familia en Hidalgo
El 5 de febrero, Marco Antonio “N”, expolicía de Mineral de la Reforma, asesinó a Rosaura y a tres familiares de ella en la comunidad de Azoyatla.
Alrededor de las 07:00 horas, dicho exoficial acudió a una reunión familiar a la casa de su expareja, en la calle Ecuador.
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Sin embargo, al discutir, Marco Antonio atacó a la mujer y a su familia, matando con un arma de fuego a Rosaura, a su madre, su hermano y su padre. Otro hermano resultó gravemente herido.
Tras ello, el sujeto huyó en una camioneta Journey mientras que vecinos de la localidad dieron parte a las autoridades.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) detuvieron a Marco Antonio “N” horas después, sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, al intentar llegar a la región del Altiplano.
Sin embargo, previo al arresto, el agresor intentó quitarse la vida a través de varias heridas en su cuello. Las autoridades lo trasladaron al Hospital General de Pachuca.
Posteriormente, el 8 de febrero, el Poder Judicial de Hidalgo vinculó a proceso a Marco Antonio por los delitos de feminicidio, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa.
Por ello, permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. A su vez, el Ministerio Público tendrá cuatro meses para terminar la investigación complementaria por el caso.
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