Las diputadas de Morena, Tania Eréndira Meza Escorza y Diana Rangel Zúñiga, presentaron ante el Congreso de Hidalgo “Ley Alina”, que busca reconocer la legítima defensa con perspectiva de género para mujeres que hayan respondido a agresiones físicas, sexuales o intentos de feminicidio.
Durante la sesión del 21 de mayo, Tania Meza explicó desde tribuna que la propuesta pretende reformar los artículos 25 y 101 del Código Penal del estado.
Esto con el objetivo de incorporar mecanismos legales que reconozcan el contexto de violencia estructural que enfrentan muchas mujeres en situaciones extremas.
En el artículo 25, fracción II, las legisladoras plantean añadir que una mujer podrá apelar a la legítima defensa si enfrenta una agresión o una amenaza inminente de violencia física o sexual, así como de homicidio o feminicidio.
Esta presunción también aplicaría a favor de cualquier persona que intervenga para defenderla.
Además, en el artículo 101 se propone establecer que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando una mujer actúe bajo una amenaza real e inmediata a su integridad o vida.
La iniciativa también obligaría a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) a aplicar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal.
Esto desde la investigación hasta la resolución, garantizando así el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para las mujeres.
Tania Meza subrayó que estas reformas no representan un privilegio, sino una necesidad urgente para las mujeres que sobreviven a la violencia.
En este sentido, consideró que ellas no solo luchan por su vida frente a sus agresores, sino también contra un sistema legal que las criminaliza.
La propuesta de la Ley Alina fue turnada a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso de Hidalgo para su análisis.
La Ley Alina
La reforma conocida como “Ley Alina”, ya vigente en Baja California y Quintana Roo, busca establecer el principio de legítima defensa con perspectiva de género para mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Su origen se remonta a un caso ocurrido en 2019 en Baja California.
El 12 de diciembre de ese año, Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, entonces de 27 años y oficial de la Policía Municipal de Tijuana, se encontraba en su domicilio junto a su pareja, Luis Rodrigo “N”, también policía.
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Tras consumir alcohol, la pareja discutió y la situación escaló hasta llegar a una agresión física. Luis Rodrigo intentó someterla por la fuerza e intentó asfixia. En respuesta, Alina tomó un arma y le disparó cuatro veces, causándole la muerte.
A pesar de los indicios de legítima defensa, la Fiscalía General de Baja California la detuvo y la acusó de homicidio. En aquel momento, el entonces fiscal Guillermo Ruiz Hernández ignoró las pruebas que respaldaban su defensa y Alina fue condenada a 45 años de prisión.
En mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California revisó el caso y concluyó que Alina actuó en legítima defensa. Tras esta resolución, ordenó su liberación.
A partir de su experiencia, Alina impulsó la creación de una ley que garantice que los casos similares se juzguen con perspectiva de género. La “Ley Alina” establece que las fiscalías y los jueces deben presumir legítima defensa cuando una mujer enfrenta violencia física, sexual o feminicida. Además, deben actuar con enfoque en derechos humanos y equidad de género.
Actualmente, esta reforma está en proceso de cabildeo en los congresos de Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Nuevo León, Puebla y, recientemente, Hidalgo.
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