La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH), María Magdalena González Escalona, señaló que no cuentan con el presupuesto para organizar la consulta ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros que aprobó el Congreso local.
La funcionaria electoral explicó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) debe determinar si la consulta ciudadana procederá. Y en caso que sea avalada posteriormente, el Congreso local deberá emitir la convocatoria oficial.
De acuerdo con la responsable del IEEH, el organismo electoral se encargaría de la organización de la consulta sobre las corridas de toros, pero hasta el momento no cuentan con presupuesto.
Agregó que las características de una consulta ciudadana son diferentes a las de una elección, por lo cual también se requerirá de otros materiales y determinar en dónde instalarán los mismos.
De la misma manera, consideró que una vez que se tenga información al respecto, presentarán una propuesta formal que deberá avalar el Congreso local, y con ello garantizar que se incluyan las actividades de organización.
Insistió en que deberán esperar los resultados del análisis que efectúe el Congreso de Hidalgo. Y con ello determinar si el ejercicio de la consulta ciudadana se desarrollará el siguiente año.
Consulta ciudadana a revisión
Los diputados locales aprobaron, por mayoría, la organización de una consulta ciudadana para determinar la prohibición de las corridas de toros en el estado, pero el dictamen se envió al TSJEH.
Una vez que el organismo judicial avale el proceso, el IEEH se encargaría de la organización de la consulta ciudadana. Por lo cual la presidenta de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Lizbeth Ordaz, aseguró que el ejercicio podría ocurrir en 2027.
La legisladora local mencionó que la revisión de la iniciativa sobre la prohibición de las corridas de toros deberá suspenderse hasta que la consulta ciudadana se apruebe en su totalidad.
Esto ha causado una serie de críticas de diferentes activistas animalistas que afirmaron que los derechos no se consultan. Ya que el maltrato animal está prohibido en la Constitución Política Mexicana, y por ello acusaron que incurrieron en traiciones.
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