La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo solicitó suspensión del cómputo de plazo relativo a la excitativa del dictamen de la iniciativa de la prohibición de las corridas de toros.
La presidenta de la comisión legislativa, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, dijo que la discusión sobre el dictamen debe interrumpirse hasta que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) determine si será válida la consulta ciudadana que aprobó el Congreso local.
La legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que, en caso de que el tribunal de Hidalgo valide la organización de la consulta ciudadana para la prohibición de las corridas de toros, la revisión del dictamen tendrá que aplazarse hasta que ocurra el ejercicio.
De acuerdo con la responsable del organismo legislativo, no pueden aprobar ninguna iniciativa hasta que se consulte a la ciudadanía, por lo que aseveró que se encuentran en el tintero las iniciativas sobre el tema.
Agregó que la comisión de Gobernación validó la legitimidad de la consulta ciudadana, pero la Ley de Consulta Ciudadana establece que el dictamen lo debe revisar el TSJEH para revalidar el proceso.
Una vez que ocurra, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) deberá encargarse de la organización de la consulta ciudadana y definir el presupuesto que se requerirá para la misma.
Por ello, enfatizó que la consulta ciudadana podría efectuarse hasta 2027, por lo que aún contarían con tiempo suficiente para definir los montos que se requerirán para llevar a cabo este ejercicio.
Asimismo, dijo que los grupos animalistas están en su derecho de interponer impugnaciones. Sin embargo, hasta el momento no han sido notificados sobre algún recurso legal al respecto.
Animalistas explotan contra consulta ciudadana
Los activistas de los diferentes grupos ambientalistas del estado explotaron contra la aprobación de la consulta ciudadana para definir el futuro de las corridas de toros en el territorio estatal.
De acuerdo con los inconformes, los derechos no se consultan, debido a que está contemplado en la Constitución Política Mexicana la prohibición de cualquier tipo de maltrato animal.
Acusaron a los legisladores locales de traicionar sus principios para favorecer los intereses de los grupos ganaderos taurinos que se han pronunciado en contra de la prohibición de las corridas de toros, al asegurar que se tratan de sus derechos culturales.
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